Instrumentos de Protección de Grupos Vulnerables

PRESIDENTE

Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Mgdo. Dr. Raúl Aarón Romero Ortega

Mgdo. Dr. Enrique Víctor Manuel Vega Gómez

Jueza Dra. Astrid Avilez Villena

Jueza Dra. Edna Edith Escalante Ramírez

Dr. Pablo Espinosa Márquez

Mtra. Cristel Yunuen Pozas Serrano

Director Editorial

Mgdo. Raúl Aarón Romero Ortega

Edición Digital

Coordinación General de Comunicación Social

Editora

Lic. Martha Valdespino Vargas

Editora Ejecutiva

Lic. Laura Alejandra Terrón González

Maquetación y Diseño digital

Lic. Luis Fernando Méndez Leal

Poder Judicial del Estado de México

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Presentación

La protección de los grupos vulnerables corresponde, tanto a los Estados como a la comunidad internacional, mediante un marco jurídico que ha evolucionado gracias a la exigencia de sus propios integrantes y la revisión constante que se realiza de los distintos tratados internacionales, así como de la legislación derivada de los mismos.

Muestra de lo anterior está la expedición de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de México, tema central de esta edición, de la que se desprende el modelo social y de derechos humanos, a través de los que se reconoce la discapacidad, como el resultado de la interacción, entre la persona con alguna diversidad funcional y las barreras de distinta índole que presenta el entorno en que se desenvuelven.

Es motivo de análisis la reforma del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en torno a la función jurisdiccional, en la que debe privilegiarse los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y redistributiva, así como a los fines de la justicia social; hace énfasis en la protección de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social.

Otro grupo vulnerable está conformado por las personas adultas mayores, es decir, aquellas que cuentan con más de 60 años, cuyos derechos ahora derivan de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 13 de diciembre de 2022, dándose a conocer mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de enero de 2023, que también se comenta en esta revista, a efecto de que quienes imparten justicia: prevengan, sancionen y erradiquen el aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento y expulsiones de la comunidad, entre otras prácticas contrarias a la Convención.

De los pueblos y comunidades indígenas, como otro grupo vulnerable, se ocupó la Sala de Asuntos Indígenas, a través de la opinión consultiva que nos comparte el presidente de aquélla, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia y juzgar, si el caso lo amerita, con base a una triple perspectiva, al verse involucradas Niñas, Niños y Adolescentes que pertenecen a una comunidad indígena.

Niñas, Niños y Adolescentes, constituyen un grupo vulnerable y que de manera transversal se ocupa la opinión consultiva mencionada; el Sexto y Séptimo Informe Combinados de México, sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño; la Observación General número 27, que se encuentra en proceso de desarrollo por el Comité de los Derechos del Niño; así como los Apuntes para el Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes. Todos son materia de análisis en la revista, a cargo de quienes tienen la obligación de aplicar dicho marco jurídico en el ejercicio de la función jurisdiccional.

En la misma línea de los grupos vulnerables, está la entrevista que nos comparte el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, respecto a la atención al público con enfoque inclusivo de las personas con discapacidad.

Las buenas prácticas realizadas en los Centros de Convivencias Familiar del Poder Judicial del Estado de México, se compartieron con el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, mediante un taller impartido por la Directora General, quien expuso el modelo de trabajo desarrollado en dichos Centros, con la intención de apoyar a las familias en procesos judiciales de San Luis Potosí.

Con orgullo se comparte el ingreso de dos juezas mexiquenses a la Red Internacional de Jueces de La Haya, organización intergubernamental cuyo propósito es trabajar para la unificación progresiva de las reglas de derecho internacional privado; lo que redundará en el conocimiento, actualización y capacitación constante de quienes integran los órganos jurisdiccionales, la comunidad jurídica, así como la sociedad en general, mediante las buenas prácticas internacionales.

En la parte de letras y familia se reseñan dos libros de los destacados juristas y escritores: José Ramón Cossío Díaz y Gerardo Laveaga, compartiéndose al final poesía mazahua.

Índice

Sobre Derecho de familia

“Nada sobre nosotros, sin nosotros”

Ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de México

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Los principios y fines de la función jurisdiccional bajo la luz del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México

Resoluciones relevantes

Una opinión consultiva en materia familiar

Sexto y Séptimo Informes combinados de México sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Observación General número 27. “Nota conceptual”

Comentarios

Apuntes para el Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes

Entrevista

Política pública para la inclusión de las personas con discapacidad

Voces desde el Poder Judicial

La importancia de la Vinculación Interinstitucional de los Centros de Convivencia Familiar. Taller impartido en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí

Juezas de México de la Red Internacional de Jueces de La Haya

Letras y Familia

¿Qué justicia queremos? de José Ramón Cossío Díaz

Hacia el pantano, de Gerardo Laveaga

Poema Mazahua

Sobre Derecho de

familia

“Nada sobre nosotros, sin nosotros”

Ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de México

Autor: Humberto García Villegas[1]

Comienzo la redacción del presente con la frase: «Nada sobre nosotros, sin nosotros»; ello obedece a la importancia social, jurídica y de una verdadera inclusión, de que sean las personas con discapacidad, mayores o menores de edad, por sí mismos o a través de las organizaciones que los representen, quienes opinen y actúen sobre sus necesidades, y además, que ello se refleje en el cumplimiento de los deberes del Estado, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como al cumplimiento del numeral 4.3 de la Convención2 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.[3]

Es común observar que las necesidades de una persona menor de edad son satisfechas por sus progenitores sin considerar su opinión, sobre todo de aquellos que se encuentran en la primera infancia. Los progenitores, con el amor que los caracteriza, buscan su protección sin recibir, en muchas ocasiones, cuestionamiento alguno. Se dice que es en la adolescencia de los hijos cuando verdaderamente se aprende a ser padre, antes de esta etapa, son simples ensayos, –los hijos no cuestionan las decisiones de los padres o lo hacen muy poco–. Entrada la adolescencia, el ejercicio de la mediación, conciliación y hasta de la negociación fungen un papel importante en la convivencia diaria. Esto es así dada la autonomía progresiva de los seres humanos, la cual, mediante el desarrollo gradual de la madurez, permite a los menores ejercer y reclamar sus derechos hasta alcanzarlos plenamente.

Lo anterior no sucedía en el caso de las personas con discapacidad. En el pasado, bajo modelos que diferían del actual –basado en el enfoque social y de derechos humanos–, se las percibía como menores de edad de manera permanente, independientemente de su edad o grado de madurez, limitando así su capacidad de ejercicio, supliendo en muchas ocasiones su voluntad parcial o hasta total. Su opinión, poca o nula importancia merecía. Y es que, atendiendo a la diversidad funcional (física, mental, intelectual, sensorial o psicosocial), se les consideró impedidos o incapacitados para el autogobierno y la manifestación de la propia voluntad. Empero, es a través del modelo social y de derechos humanos donde se reconoce a la discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona con alguna diversidad funcional (que actúe como una limitante) y las barreras de diversa índole que presenta el entorno en que se desenvuelve, incluyendo, sin duda, las actitudes de las otras personas frente a ellas, que obstaculizan su plena inclusión y participación en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. Y es en este modelo (modelo social y de derechos humanos) donde la capacidad jurídica es un derecho fundamental que no puede ser restringido o negado por la presencia de la discapacidad, en ningún caso.

El Estado de México se ha esforzado en alcanzar una normatividad concerniente a la protección e inclusión de las personas en situación de discapacidad, cada vez más vanguardista y fiel a la observancia de los compromisos internacionales. El cambio de paradigmas, el respeto por los derechos humanos, el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica como un derecho fundamental de las personas con discapacidad, así como la vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la gala de lemas como el de «nada sobre nosotros sin nosotros», ha motivado la evolución de la legislación en la materia. Tan es así, que el 31 de agosto de 2012 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México la “Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México” con el ánimo de armonizar su contenido con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y eliminar conceptos peyorativos como fueron los de inválidos, impedidos, discapacitados, entre otros que se llegaron a utilizar en distintas legislaciones, así como reconocer el error en tratar el tema de la discapacidad desde un enfoque médico-asistencialista.

El 14 de abril de 2021 se publicó en la Gaceta de Gobierno la “Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México”, abrogando la legislación anterior de la materia, pues las reformas realizadas no lograban actualizar del todo los parámetros interpretativos y de aplicación del modelo social de la discapacidad. Sin embargo, el 13 de mayo de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley en cita, arguyendo una violación al artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual prevé que, en la elaboración de leyes, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas.￼

Ante el señalamiento de vulneración del artículo 4.3 de la Convención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 84/2021, declaró la invalidez de la Ley en comento, otorgando a la legislatura un plazo de doce meses, contados a partir de la notificación, para la realización de una consulta estrecha a las personas con discapacidad del Estado de México. Sin dejar de mencionar que, en la diversa acción de inconstitucionalidad, se determinó que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos de esas personas.

￼

En la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, como elementos mínimos para cumplir con la obligación de consultar a personas con discapacidad, establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su participación debe ser:

a) Previa, pública, abierta y regular: Donde el órgano legislativo establezca las reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa como en el proceso legislativo.

b) Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad: Donde ellas no sean representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para intervenir sin que se sustituya su voluntad. Es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad.

c) Accesible: Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendibles de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad y por distintos medios.

d) Informada: Se les debe comunicar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y las consecuencias de la decisión que se pretenda tomar.

e) Significativa: Implica que, en el procedimiento legislativo, se debatan o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

f) Con participación efectiva.

g) Transparente.

Por lo que, en acatamiento a tales directrices. el 17 de abril de 2024 se publicó la “Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de México”, con un profundo cambio de paradigma, donde se persigue que las personas con discapacidad logren convertirse en sujetos activos, titulares y beneficiarios reales de derechos humanos, así como un cambio significativo en los roles de las personas con discapacidad en relación con su participación política y social, siendo actores activos en los procesos de participación ciudadana, ejerciendo derechos, y, por ende, siendo visibilizados en la sociedad. Ello se ve reflejado en el artículo 1.°, que establece que sus disposiciones son de orden público e interés social, y que tiene por objeto respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, dentro de un marco de respeto, igualdad de oportunidades, dignidad, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y transversalidad, para su plena inclusión, accesibilidad, participación autónoma, y desarrollo en todos los ámbitos de la vida.

Logrando entonces, derivado de un proceso legislativo verdaderamente incluyente, el lema: «Nada sobre nosotros, sin nosotros».

Referencias

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de Inconstitucionalidad 33/2015, 41/2018, 42/2018, y 84/2021. México: SCJN.

Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adoptada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Entrada en vigor el 3 de mayo de 2008.

México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2024.

Estado de México. Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México. Gaceta del Gobierno, 2012.

Estado de México. Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México. Gaceta del Gobierno, 2021.

Estado de México. Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de México. Gaceta del Gobierno, 2024.

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

“Cuando se vea al espejo y note arrugas en su cuerpo, no entristezca; porque es el resultado del cúmulo de experiencia, sabiduría, anhelos perseguidos y sueños cumplidos”. S.S.M.S.

Sammay Susana Mejía Sarellana[4]

Como preámbulo a la discusión sobre la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es importante referir que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se entiende como persona adulta mayor aquella que cuenta con más de 60 años.

Las Naciones Unidas, en 2021, anunció que 761 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más,[5] mientras que la Organización Panamericana de la Salud aludió que en las Américas residen alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 años, y se calcula que en 2050 esta cifra alcanzará aproximadamente los 310 millones, de los cuales 190 millones residirán en América Latina y el Caribe (OEA).[6]

En México, de acuerdo con la Proyección de la población 2016-2050 del CONAPO, en 2020 el 11.15% del total de la población eran personas mayores de 60 años, aproximadamente 14,192,760, de las cuales 6,500,453 son hombres y 7,692,307 son mujeres (INAPAM).

Finalmente, en el Estado de México, la población de este rango de edad asciende a 1,919,454 personas, lo cual representa el 11.30% de la población mexiquense.[7]

Una vez precisados estos datos estadísticos, se puede generar en todos los Estados políticas de protección a los derechos de la persona adulta mayor, así como las herramientas idóneas que garanticen calidad de vida en esta etapa, en el entendido de que, con el paso de los años, el funcionamiento del cuerpo humano se modifica por un desgaste natural que implica un mayor cuidado en todos los aspectos.￼

Al llegar a la adultez, se requiere tomar medidas que busquen salvaguardar la salud, integridad y dignidad, con la finalidad de prevenir abuso, maltrato, descuido, negligencia o violencia que coloquen en riesgo la vida, y, por el contrario, promover programas de prevención para el cuidado, asegurando así una vida digna y plena.

Tomando en cuenta que el envejecimiento es un proceso gradual y continuo de cambio natural que se inicia en la edad adulta temprana, se puede tomar como rango para medir el envejecimiento:[8]

a) Edad Cronológica: Se da con el paso del tiempo y se expresa en años. El rango de edad, sobre todo en materia de derechos humanos, permitirá ampliar la protección de derechos en todas las aristas de la vida del ser humano, planificando su vida, ofreciendo protección y bienestar. Por ejemplo, en el campo de la salud se posibilita predecir enfermedades; en el derecho, esta edad permite determinar si se encuentra una persona en situación de vulnerabilidad o si puede ejercer libremente sus derechos y obligaciones, mientras que en el campo económico, sirve para establecer si la persona puede, con su trabajo, tener recursos propios o si debe ser apoyada por alguien.

b) Edad Biológica: La transformación que tiene el cuerpo humano debido al paso del tiempo y los procesos orgánicos, causados por la genética, estilos de vida y contextos socioeconómicos, así como las enfermedades que tiene cada persona. De ahí que nadie envejece igual.

c) Edad Psicológica: Tiene relación con cómo se siente una persona en el campo psicoemocional, incluyendo sus expectativas y proyectos de vida.

Ante este hecho natural de todo ser humano, resulta importante que todas las personas que se encuentren en esta etapa sean valoradas por el papel que desempeñan en la sociedad y la contribución que brindan.

Resulta importante denotar la evolución en la protección de los derechos de las personas adultas mayores, la cual inició en 1990, cuando la Organización de las Naciones Unidas implementó el Día Internacional de las Personas de Edad. Posterior a ello, como pionero en la protección de los derechos de este sector, se destacan los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991). No fue suficiente, y después, se establecieron la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002); la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de la Segunda Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe-Declaración de Brasilia (2007); el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009); y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012).￼

El 15 de junio de 2015, dentro de esta progresión de protección de derechos de este sector, se suscribe la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos de América, México la aprobó por conducto de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 13 de diciembre de 2022, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2023.[9] Esta contiene 41 artículos, en los cuales se establecen los deberes que cada Estado Parte tiene. Entre ellos, se dispone que los Estados adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor. Asimismo, adoptarán medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios, y deberán abstenerse de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. También, adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral, y fomentarán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permitan formular y aplicar políticas para dar efecto a la presente.

Asimismo, la Convención reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiterando el propósito de consolidar un régimen de libertad individual y de justicia social, exento de temor y pobreza, creando las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Además, reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos estos derechos, eliminando de manera específica la discriminación por motivos de edad y cualquier tipo de violencia. De forma enunciativa, mas no limitativa, la Convención precisa los derechos que deben ser protegidos y determina mecanismos que fortalezcan la independencia, libertad, integración social, privacidad, intimidad y el derecho a trabajar, bajo el cobijo de la dignidad.

Por tanto, conocer y aplicar la Convención obliga al Juzgador en cualquier materia a emitir pronunciamientos dentro del proceso, sea a petición de parte o en suplencia de la queja, respecto a todas las medidas necesarias que permitan salvaguardar los derechos de las personas mayores, su accesibilidad, movilidad y cuidado. Máxime si se advierte un abuso, negligencia o discriminación que las ponga en riesgo, siempre con base en la perspectiva de adulto mayor y de género.

Referencias

Naciones Unidas. "Una población que envejece exige más pensiones y más salud." Noticias ONU, 12 de enero de 2023. https://news.un.org/es/story/2023/01/1517857.

Muñoz-Pogossian, Betilde. "La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: Un Aporte de las Américas al Mundo." Presentación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2015. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/betilde_munoz_pogossian.pdf.

Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO). Perfil sociodemográfico de la población adulta mayor, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Toluca: Gobierno del Estado de México, 2021. https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/Perfil%20sociodemografico%20de%20la%20poblacion%20adulta%20mayor.pdf.

Manual MSD. "Introducción al envejecimiento." Última revisión en abril de 2024. Consultado el 28 de octubre de 2024. https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-de-las-personas-de-edad-avanzada/envejecimiento-del-organismo/introducci%C3%B3n-al-envejecimiento.

"Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores." Diario Oficial de la Federación, 20 de abril de 2023. Consultado el 28 de octubre de 2024. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5686151&fecha=20/04/2023.

Los principios y fines de la función jurisdiccional bajo la luz del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México

Esteban Barrón Gutiérrez[10]

I. Introducción

El presente artículo tiene por objeto el análisis de los principios y fines de la función judicial, en términos del segundo párrafo del apartado A del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, adicionado mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de septiembre del año en curso.

Dicho estudio dará inicio, a partir de la enunciación del texto adicionado, el cual añade a los principios de la función judicial previamente establecidos –legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas–, los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, estableciendo, además, como fin de la función jurisdiccional, la justicia social. Para ello, resulta necesario hacer referencia al contexto social, político y jurídico en que fue presentada y aprobada la reforma que adiciona el dispositivo mencionado.

Con posterioridad, se analizarán los principios referidos, así como el principio del mayor beneficio que se encuentra implícito en la reforma, en correlación con el derecho a la tutela judicial efectiva, con el propósito de determinar las implicaciones jurídicas que tienen en la función jurisdiccional y en la tarea que tienen encomendada los juzgadores y los operadores del sistema de justicia.

II. Contexto

Mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2024, se adiciona un segundo párrafo al apartado A “De la función judicial” del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar, dicho dispositivo, como sigue:

A. De la función judicial

La función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se privilegiarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, y los fines de la justicia social, a fin de que respecto de los elementos no esenciales en el procedimiento impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente, de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social.

Para garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura; el Tribunal Electoral, el Sistema de Justicia Laboral y el Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México, contarán con un Sistema de Justicia Electrónica, acorde con el principio de equivalencia funcional y mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a efecto de proporcionar las herramientas para tramitar los juicios y sus instancias, en forma electrónica, de manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de acuerdo con su naturaleza y formalidades esenciales.

Dicha reforma surge, a partir de la iniciativa de proyecto de decreto, presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Martí Batres Guadarrama, ante el congreso local, el 16 de julio de 2024, bajo el argumento esencial de que resulta necesario reforzar y actualizar los principios de derecho bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional en la Ciudad de México, a efecto de garantizar el acceso a la justicia social, priorizando a grupos y personas que se encuentren en desventaja social, con miras a implementar un sistema jurídico efectivo para la tutela de sus derechos humanos.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, se subraya que resulta indispensable que el ejercicio de la función judicial se rija bajo los principios de justicia restaurativa y redistributiva, que garanticen el cumplimiento de los fines de la justicia social y eviten que las formalidades no esenciales y las dilaciones innecesarias se conviertan en un obstáculo para la impartición efectiva de la justicia.[11]￼

Se mencionan un par de ejemplos para justificar la necesidad de dicha reforma. En el primer caso, se alude al caso de Fabián Osvaldo “N”, quien fue detenido en Lindavista, en la Ciudad de México, el 2 de marzo de 2024 por la FGR, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad, por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por operación con recursos de procedencia ilícita. A pesar de que era un hecho público y notorio –al haberse difundido en diversos medios de comunicación que era uno de los generadores de violencia más buscados y estaba incluido en el Programa de Recompensas de la Fiscalía–, el Juez Federal, en audiencia de control, decretó ilegal el cateo y la detención del imputado, por aspectos formales, lo que permitió su salida del inmueble, sustrayéndose de la acción de la justicia, al no ser posible ejecutar una orden de aprehensión en su contra, por parte del personal de la Fiscalía.

En contraste con lo anterior, se hace referencia, como caso positivo, el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, que opera en materia laboral, a favor del trabajador, para corregir posibles errores u omisiones en la demanda, con la finalidad de entrar en el estudio de fondo del asunto, y atendiendo a la situación de vulnerabilidad que tiene el trabajador frente al patrón.

Dicha modificación legal tiene lugar en un contexto ambivalente: por una parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, ha sido reconocida como un ordenamiento constitucional de vanguardia –es la primera promulgada después de la paradigmática Reforma a la Constitución Federal de 2011–, con avances muy relevantes, tales como la ampliación del catálogo de derechos para quienes habitan y transitan por la capital del país –la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, la muerte digna, el reconocimiento para todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar, entre otras–, la promoción en la protección y realización de derechos humanos y libertades fundamentales ya existentes, así como, por otra parte, el reconocimiento de las desigualdades existentes que atañen a grupos de atención prioritaria –como niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad o personas LGBTTTIQA–; y, finalmente, un nuevo andamiaje normativo.[12]

En contrapartida, tal y como se reconoce en la propia exposición de motivos, dicha modificación fue expedida en el marco de la fuerte controversia que ha suscitado, a nivel nacional, la reforma judicial planteada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024 –que para entonces aún no había sido aprobada–, que preconiza, a través de la elección de las personas juzgadoras, mediante voto popular y directo, una reestructuración de los poderes judiciales federal y locales y el establecimiento de nuevas reglas para la función jurisdiccional. Aunado a lo anterior, la capital del país no se encuentra exenta de los fenómenos de inseguridad, violencia, incidencia delictiva y pobreza, que aquejan a nuestro país. Finalmente, el gobierno local, de tradición ideológica de izquierda, desde hace varios años, ha expresado la necesidad de que en las políticas públicas y, en particular, en la impartición de justicia, se tome en cuenta el aspecto social y se atienda a los grupos en condición de vulnerabilidad.

III. Los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva

De acuerdo con la reforma, en la función jurisdiccional deben privilegiarse los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, para así lograr los fines de la justicia social. Como se verá más adelante, tales conceptos, de reciente cuño jurídico, se relacionan entre sí y resulta novedosa su introducción en un texto constitucional.

La igualdad sustantiva es definida en el artículo 5º, fracción V, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como «el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales». Tiene como antecedente la obligación, determinada por la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), para los Estados Parte, de que sus leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todas las esferas de la vida, así como que el propio Estado garantice las condiciones para ello, removiendo los obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos.[13]

En el ámbito de la administración de justicia, el principio de igualdad sustantiva se concretiza, garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, por lo cual, según lo ha determinado la SCJN, es obligación de todo órgano jurisdiccional, impartir justicia con base en una perspectiva de género, en aquellos casos en que exista una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.[14]

Por otra parte, uno de los aciertos más importantes de la reforma, desde nuestro punto de vista, es la introducción como principio de la función jurisdiccional, de la justicia restaurativa. Dicho concepto, surgido, en principio, como respuesta al modelo retributivo de justicia penal, que se enfocaba en la finalidad punitiva, permite que se atiendan los requerimientos de impartición de justicia, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, contando con una base constitucional en el artículo 17 de la Constitución Federal.

Este nuevo paradigma busca que el justiciable tenga acceso a una justicia efectiva y eficaz, respetuosa de los derechos humanos de la persona, con la visión de la restauración del tejido social, utilizando para ello, mecanismos que permitan que las víctimas reciban una restitución por el daño causado y los ofensores se responsabilicen por el daño, tanto a nivel personal como a nivel social, es decir, da protagonismo a la víctima, al ofensor y a los miembros de una comunidad, con la intervención reguladora del Estado y sus instituciones sólo como garantes de la equidad y del respeto.[15]

En este sentido, la justicia restaurativa –aplicable a las diversas materias jurídicas– tiene un espectro más amplio que la impartición de justicia tradicional, puesto que no importa únicamente la solución legal de la controversia, sino que sus efectos trascienden tanto al ámbito jurídico como al social, en las esferas intrínsecas de las personas involucradas en el conflicto y en el restablecimiento del tejido social, incluyendo la posibilidad de dirimir futuros conflictos de una manera más benéfica, sin necesidad de someter la cuestión a un proceso jurisdiccional.[16]

Finalmente, por lo que hace al concepto de justicia redistributiva, partiendo de la concepción primigenia de John Rawls, en el sentido de que “la renta y la riqueza y los bienes en general han de ser distribuidos de acuerdo con un merecimiento moral”,[17] se piensa en un tipo de justicia que favorezca a los menos favorecidos, y que, por ende, permita la ampliación de la libertad real de las personas para el adecuado ejercicio de su ciudadanía, la estructuración de la equidad en el trato a todas las personas, la inclusión social y económica para todos y la garantía de una libertad individual.[18]

El ideal de la justicia redistributiva parte del ideal de dignidad de la persona, la cual debe ser extendida para todo ser humano, de modo que todos puedan contar con la posibilidad de vivir una vida digna de ser vivida, tal y como ha sido interpretado en el marco del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, que ha interpretado que el derecho a la vida, reconocido en el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituye un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, y, por ende, protege de manera amplia la vida de una persona, incluyendo el derecho de todo ser humano a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, existiendo la obligación, por parte de los Estados, de «garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él».

La obligación estatal de no agravar, sino, por el contrario, generar condiciones sociales, económicas o culturales dignas de vida humana, se traduce en el ejercicio de la función jurisdiccional, en el reconocimiento de las desigualdades sociales existentes en una sociedad en vías de desarrollo, como la mexicana, así como la adopción de un discurso estructurador de justicia que posibilite el desarrollo de la libertad, de la praxis de la equidad social, así como el sostenimiento de condiciones sociales dignas para los grupos menos favorecidos o en condición de vulnerabilidad.

La idea de la sociedad civil constituye el concepto hilvanador de los tres principios antes indicados, a través de la fundamentación de los derechos desde la praxis ciudadana; el hecho de que el ciudadano reclame sus derechos y participe activamente en la búsqueda de mayor equidad social para la ciudadanía que él representa, implica la posibilidad de que las personas menos favorecidas puedan acceder a las condiciones que les han sido negadas a lo largo de su existencia.

IV. Los fines de la justicia social

Para el jurista italiano Luigi Donati, la expresión “justicia social” constituye una tautología, pues no puede concebirse a la justicia, sino en función de las relaciones sociales.[19] Por su parte, Rawls sostiene que la justicia social proporciona un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y define la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social.

Más recientemente, desde la perspectiva de los derechos humanos, la justicia social ha sido vista como un principio fundamental tendiente a lograr una situación de equidad entre los individuos y los grupos sociales que integran una sociedad; tiene como fin crear el conjunto de condiciones de vida que permite a dichos grupos y a cada uno de sus miembros alcanzar su propia realización. Está relacionada con temas como la igualdad social, la inclusión social, la igualdad de género, la lucha contra la pobreza y los derechos de los llamados grupos de atención prioritaria.[20]

En la Ciudad de México, la justicia social constituye uno de los principios que fundan el derecho a la ciudad (artículo 12 de la Constitución). Aunado a lo anterior, el artículo 11 del mismo ordenamiento establece la obligación, por parte de las autoridades capitalinas, de garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Para ello, se establece la necesidad de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar así su inclusión efectiva en la sociedad.￼

En consonancia con tales dispositivos, es que se establece en el artículo 35 del ordenamiento constitucional la obligación de privilegiar, en la función judicial, los fines de la justicia social, a efecto de que impere un sistema auténtico que “garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.

Cabe apuntar así, que no constituye una innovación de la reforma judicial como tal, que contemple el aspecto social, puesto que, en términos de los artículos 11 y 12 del ordenamiento constitucional original, ya se contemplaba la obligación de las autoridades de la ciudad de garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas en tales situaciones de desventaja social.

No obstante lo anterior, hay que aclarar la importancia de que la Constitución de la Ciudad de México fue el primer ordenamiento que, a nivel constitucional, estableciera como uno de sus pilares la justicia social, así como la obligación de garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de grupos sociales en condición de vulnerabilidad y desventaja social, incluyendo la posibilidad de garantizar su acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de sus derechos.

Precisamente, la igualdad sustantiva, la justicia restaurativa y la justicia redistributiva tienen por objeto la búsqueda de la paz social, la recomposición del tejido social, así como la superación de la inequidad social, lo cual se logra a través de la justicia social. Para ello se requiere la participación ciudadana y la actividad estatal, siendo particularmente importante la actividad jurisdiccional; todo ello bajo una concepción de derechos humanos fundada en condiciones reales de justicia, en la dignidad del ser humano, así como en el derecho a una vida en condiciones que garanticen una existencia digna.

V. El principio del mayor beneficio y su relación con la tutela judicial efectiva

Como se ha mencionado, el artículo 35 constitucional establece que en la función jurisdiccional deben privilegiarse los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, y los objetivos de la justicia social, «a fin de que, respecto de los elementos no esenciales en el procedimiento, impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos». A nuestra consideración, con dicho texto, se está elevando a rango constitucional local el principio denominado “del mayor beneficio”.

El principio del mayor beneficio tiene su antecedente en el artículo 189 de la Ley de Amparo y se encuentra contemplado, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, en el artículo 17 de la Constitución Federal, que a la letra señala: «siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales».

Además, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 3º, determina que en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar debe ponderarse en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales. En el mismo sentido se han pronunciado, además, nuestros Tribunales en diversas tesis y criterios jurisprudenciales.[21]

A pesar de que en el dispositivo constitucional local en análisis, la redacción es diversa, pues se refiere a “elementos no esenciales en el procedimiento” y “dilaciones indebidas”, en vez del término “formalismos procesales”; así como se hace alusión a que “se garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones, de los derechos humanos” en vez de la “solución del conflicto”, no obstante lo anterior, consideramos que existe sinonimia en las expresiones mencionadas en primer término, en tanto que la concretización de la tutela efectiva de los derechos humanos implica, para efectos prácticos, la solución del conflicto.

Establecido lo anterior, es dable considerar que el constituyente local eleva, a rango constitucional, el antiformalismo procesal en pro de la justicia material, para lograr la resolución de fondo, es decir, siguiendo la línea de su par federal, constitucionaliza el principio pro actione, conforme al cual los órganos judiciales están obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la imposición de formalismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma.[22]

Ahora bien, dicho mandato constitucional de privilegiar el fondo (la solución del conflicto) sobre la forma (los formalismos procedimentales) se supedita al respeto de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento, en términos de los artículos 14 de la Constitución Federal y 6º, inciso H, primer párrafo de la Constitución local.

De este modo, resulta imprescindible distinguir en qué caso nos encontramos ante una formalidad esencial del procedimiento y en qué caso ante un formalismo procedimental o una formalidad “no esencial” del procedimiento. Así, tomando como base los dispositivos constitucionales antes aludidos, es factible definir a las formalidades esenciales del procedimiento como el «conjunto de reglas necesarias a todo proceso o procedimiento que garantice la tutela judicial efectiva y el debido proceso, permitiendo al individuo ser oído en juicio y probar lo que conviniere a sus intereses».[23]

Tales reglas encuentran su base normativa, tanto en los artículos 14 de la Constitución Federal y 6º, inciso H, primer párrafo de la Constitución local –ya mencionados–, como en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en las diversas normas procesales y su interpretación a través de las diversas tesis y jurisprudencias que han emitido nuestros Tribunales, y se encuentran relacionadas, de manera enunciativa y no limitativa, con los siguientes aspectos:

1. Igualdad procesal, es decir, otorgar las mismas oportunidades para exponer pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que se fundamenten y expresar alegatos;

1. Formalidades específicas, tales como la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, así como la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas, el derecho a ejecutar la sentencia, así como el derecho a los recursos o medios de impugnación;

1. Otros derechos procesales, que derivan de principios constitucionalmente aceptados, tales como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, entre otros.

En contrapartida, por formalismo procesal es posible entender «un requisito ‘no esencial’ en el trámite de un enjuiciamiento, que, si bien se encuentra dispuesto por la norma aplicable al caso concreto, no es necesario que se cumpla»[24], en tanto que nuestros Tribunales federales han concebido a los formalismos procesales como «formulismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo».[25]

Es importante aclarar que en dicho concepto no se debe englobar, en su conjunto, la totalidad de las formas procesales, reglamentadas por el derecho procesal – que buscan garantizar la buena fe de las partes durante el proceso, la no arbitrariedad de los jueces, así como la seguridad jurídica (en el sentido de la predictibilidad)–, pues sólo debe referirse a aquellas formas procesales que son contrarias a la finalidad de la tutela judicial efectiva y al debido proceso –como, por ejemplo, la aplicación del derecho de forma literal sin atender a la función o finalidad de la norma–, y que, bajo su incorporación como carga, gravamen, obligación, actividad o requisito impuesto por la norma procesal, obstaculizan la funcionalidad de las formalidades esenciales del procedimiento o el debido proceso, y con ello, cierra la posibilidad de una justicia material, supeditando la solución de fondo a un formalismo.[26]

No obstante, es importante resaltar que el hecho de que, darle prioridad a la justicia material, a la solución del conflicto, y a la tutela efectiva de los derechos humanos –tal y como lo manda la Constitución–, no implica la posibilidad de quebrantar el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento, pues en el caso en particular, la obligación de la autoridad judicial de observar esta, se encuentra determinada en el artículo 6º, inciso H, de la propia norma constitucional, y constituye parte integral del catálogo de derechos humanos –inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles– de todas las personas, que la autoridad se encuentra obligada a proteger, promover y respetar.

Un segundo apunte es en el sentido de que, con el nuevo mandato constitucional, tampoco se trata de obviar indiscriminada e irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas todas ellas obstáculos a la justicia, sino de realizar un ejercicio de análisis y de interpretación extensiva, caso por caso, a efecto de comprender cuál es la función y la finalidad de dichas formas procesales; si éstas se ajustan o no al caso concreto; si representan un obstáculo o dilación innecesaria para una tutela judicial efectiva o no; y, finalmente, si se pueden obviar, prescindir de ellas, en aras de la plena realización del derecho de acceso a la justicia.

Así, la aplicación del nuevo mandato constitucional toma especial relevancia, atendiendo al hecho de que, por ejemplo, la calificación sobre la legalidad o ilegalidad de la detención de un imputado sí constituye una formalidad esencial, parte del debido proceso, en términos de los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, en modo alguno, constituye un formalismo procedimental. Asimismo, consideramos equívocas las críticas que se le han hecho a la reforma, en el sentido de que podría ser violatoria de los derechos humanos, dado que el concepto de formalidades “no esenciales” del procedimiento sería inexistente en el orden jurídico mexicano,27 pues, como ya se explicó, dicho término se identifica con el de “formalismo procesal”, el cual se encuentra reconocido a nivel constitucional y ha sido ampliamente abordado en los ámbitos doctrinal y jurisprudencial.

En este sentido, vale la pena resaltar la importancia de la función jurisdiccional, pues la posibilidad de que las personas juzgadoras cuenten con las condiciones que les permitan llevar a cabo, de manera óptima, las tareas que constitucionalmente tienen asignadas, a través de una adecuada administración de justicia, constituye un requisito indispensable para que la sociedad acceda a una tutela judicial efectiva, se garanticen los derechos humanos reconocidos en el ordenamiento constitucional, y se generen condiciones sociales, económicas y culturales más dignas, particularmente para los grupos sociales menos favorecidos o en condición de vulnerabilidad.

VI. Conclusiones

La Constitución Política de la Ciudad de México es uno de los ordenamientos constitucionales de vanguardia del país por la amplitud del catálogo de derechos humanos que contempla. Mediante la reforma a su artículo 35, se incorporan principios fundamentales para la función jurisdiccional, como la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que posibilita el uso de herramientas como la perspectiva de género; la justicia restaurativa, que permite, a través de los mecanismos alternos de solución, atender los requerimientos de impartición de justicia de la sociedad; y la justicia redistributiva, que posibilita mayor inclusión social y económica para una existencia digna de personas y grupos sociales en condición de vulnerabilidad; tríada que constituye el punto de partida para lograr la paz social, la recomposición del tejido social y la superación de la inequidad social, y concretar así la justicia social. Para ello, se requiere tanto de la participación ciudadana como de la actividad estatal, particularmente la jurisdiccional.

Resulta también relevante el haber elevado, a rango constitucional local, el principio del mayor beneficio, privilegiando la búsqueda de justicia material y la solución del conflicto sobre los formalismos procesales, con miras a garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía. Tal deber, no obstante, se encuentra supeditado al respeto de la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a las formalidades del procedimiento, por lo que, en su aplicación, resulta importante distinguir entre formalidad esencial del procedimiento y formalismo procesal, del cual se pueda prescindir, por representar un obstáculo a la justicia. Lo anterior requiere de un ejercicio de análisis y de interpretación extensiva, caso por caso, a efecto de comprender cuál es la función y la finalidad de dichas formas procesales; si éstas se ajustan o no al caso concreto; si representan un obstáculo o dilación innecesaria para una tutela judicial efectiva o no; y, finalmente, si se pueden obviar, prescindir de ellas, en aras de la plena realización del derecho de acceso a la justicia.

Finalmente, resulta necesario que las personas juzgadoras adquieran conciencia de la importancia de los principios fundamentales y fines que rigen la función jurisdiccional que tienen constitucionalmente encomendada; siendo importante, por otra parte, que puedan contar con las condiciones que les permitan llevar a cabo tales tareas, con autonomía, independencia y apego a la norma, sobre todo en un contexto social y político sumamente convulso y complejo, en el que la búsqueda de mayor equidad social, seguridad, acceso a la justicia y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida, constituyen justas exigencias de la sociedad.

Referencias

Balderas Mateos, Itzel Vanessa. “Justicia restaurativa en materia familiar. Un análisis de la jurisprudencia del Poder Judicial del Estado de México desde una perspectiva de transcomplejidad.” Revista Ex legibus, no. 9 (octubre 2018).

Barp Fontana, Luciano. “La justicia como virtud social.” Revista Derechos Humanos México, Año 2, no. 8 (2008).

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. “La CDHCM reconoce los avances de la Constitución Política de la Ciudad de México y llama a atender los pendientes existentes.” Boletín 19/2021, 5 de febrero de 2021. https://cdhcm.org.mx/2021/02/la-cdhcm-reconoce-los-avances-de-la-constitucion-politica-de-la-ciudad-de-mexico-y-llama-a-atender-los-pendientes-existentes/ (consulta 31 de octubre de 2024).

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal. 2004. https://www.refworld.org/es/leg/coment/cedaw/2004/es/87588 (consulta 31 de octubre de 2024).

Corte IDH. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala. Sentencia del 19 de noviembre de 1999, Serie C, Núm. 63.

Donati, Benvenuto. “¿Qué es la justicia social?” Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Tomo X, no. 39-40 (julio-diciembre 1948).

Maldonado Sánchez, Adán. “La tutela judicial efectiva: las formalidades esenciales del procedimiento y los formalismos.” Revista del Instituto de la Judicatura Federal, no. 45 (enero-junio 2018).

Poder Judicial del Estado de Yucatán. “Los formalismos procedimentales. A propósito de una reforma constitucional.” Folleto informativo Prudens, no. 19 (abril-junio 2017).

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de la función judicial. Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 18 de julio de 2024.

Rangel, Luz. “¿Formalidades no esenciales? Reforma de justicia que plantea Batres podría ser violatoria de derechos, alertan especialistas.” Animal Político. https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/formalidades-no-esenciales-reforma-batres (consulta 31 de octubre de 2024).

Rawls, John. Teoría de la Justicia. 2ª ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Rincón Murcia, Ángela Patricia. “¿Justicia redistributiva vs derechos humanos?” Revista Franciscanum, no. 146 (mayo-agosto 2007).

Rodríguez Zamora, María Guadalupe. “La justicia restaurativa: fundamento sociológico, psicológico y pedagógico para su operatividad.” Revista Tla-Melaua, Año 9, no. 39 (octubre 2015/marzo 2016).

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Diversas tesis. https://sjf.scjn.gob.mx.

Resoluciones

relevantes

Una opinión consultiva en materia familiar

Mario Eduardo Navarro Cabral[28]

El 13 de junio de 2022, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia presentó una trascendente iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que, aprobada por la legislatura, fue publicada en la gaceta de gobierno el 06 de octubre de 2022, en cuyo artículo séptimo transitorio se preveía la posibilidad de crear la Sala de Asuntos Indígenas, razones que justificaron llevar a cabo un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial del Estado de México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Entidad, dándose a la tarea de organizar una consulta previa a nuestros pueblos y comunidades indígenas: mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlazinca; con ello, el Poder Judicial del Estado, acató los protocolos y resultados derivados de la consulta pública, ajustándose a toda normativa nacional e internacional para la instalación de un Tribunal Indígena.

El 28 de abril de 2022 el Presidente del Poder Judicial del Estado de México, sostuvo un encuentro con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, en donde se dio a conocer que se propondría al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México la creación de una sala especializada en asuntos indígenas para con ello trazar una ruta que permitiera enriquecer la justicia mexiquense, poniendo al centro de la iniciativa a las comunidades indígenas de la entidad.

Así, el 28 de febrero de 2023, por unanimidad de votos, el Congreso mexiquense aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la cual, contempló entre otras figuras a los Amicus Curiae, la jurisprudencia por precedente, así como, la creación de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, siendo esta última de suma relevancia, en tanto, tutela los derechos de los pueblos indígenas.

La instalación de un Tribunal Especializado, cuyo propósito esencial es atender de manera expeditiva la justicia, no sólo para los pueblos y comunidades indígenas ancestralmente asentados en el territorio de nuestra entidad, sino a aquellas personas que, por su condición de existencia, es decir, de su forma de vida, de su naturaleza y rasgos, tienen una visión propiamente india.￼

Lo anterior, deviene del reconocimiento realizado en la Constitución Política de México, en el año 2001, al incluir en el texto normativo que nuestro país tiene una composición pluricultural, sustentada en sus pueblos originarios, que, a su vez se concatenó con la reforma en materia de Derechos Humanos del año 2011.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 Bis de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Sala de Asuntos Indígenas a lo largo de un poco más de un año ha resuelto recursos de apelación en materia penal y civil; así como, opiniones consultivas en materia civil, agraria y familiar.

La materia familiar, es de suma importancia en tanto, conoce de asuntos relacionados con los integrantes de un núcleo familiar que, por su naturaleza, se encuentran estrechamente relacionados con el interés superior del infante, perspectiva de género y violencia familiar.

Es de destacar que las opiniones consultivas son dictámenes jurídicos emitidos por un Tribunal Especializado sobre un tema de derecho, sin que tenga el carácter obligatorio.

Así, la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, emite opiniones consultivas que desarrollan estándares sobre temas de los derechos humanos, las determinaciones que se emiten son únicamente de carácter vinculante para los juzgadores.

Una opinión consultiva de suma relevancia del índice de la Sala de Asuntos Indígenas fue la 2/2023, en materia familiar, la cual atendió la solicitud planteada por el Procurador de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes, del Sistema Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), respecto de un juicio de pérdida de la patria potestad, en donde se encontraban involucrados tres infantes, de los que se tramitó su adopción; sin embargo, la progenitora biológica, quien se autoadscribió como mazateca se amparó ante la Justicia Federal y los Tribunales Colegiados ordenaron reponer el proceso a efecto de que se entablara el litisconsorcio en contra de ella.

Sostuvo la Sala de Asuntos Indígenas al resolver la opinión consultiva que, la Juzgadora tenía que proteger los derechos de los infantes involucrados, atendiendo la perspectiva de infancia; además, reconoció que el juzgador había realizado durante el procedimiento los ajustes razonables pertinentes al identificar que la madre biológica de los niños involucrados pertenecía a una comunidad indígena, ello, al haber desarrollado diversas acciones para proteger sus derechos etnolingüísticos, bajo una perspectiva intercultural.

Finalmente, se concluyó que los derechos fundamentales de vivir en familia de los infantes involucrados debían ser satisfechos y salvaguardados, desde una visión de juzgar con perspectiva de infancia, que en nada colisionaría con la perspectiva de interculturalidad que ha prevalecido en la controversia que se dilucidó.

Aludiendo que, para lograr la armonización jurídica que requería aplicar los extremos del principio convencional del interés superior de la infancia, así el juzgador tenía que atender su triple perspectiva, para garantizar que los niños y adolescente involucrados, ejerzan su derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a vivir una vida libre de violencia, impidiendo que se actualice en su perjuicio violencia institucional que implique un menoscabo de sus derechos fundamentales e impida el desarrollo holístico de su personalidad, perjudicando un equilibrio de su emotividad y derecho de vivir una infancia y adolescencia plena y feliz; al permitir que el proceso avance con dilación innecesaria y que los formalismos judiciales se conviertan en un obstáculo para que la eficiencia judicial determine en forma pronta y expedita la situación jurídica de los niños y el adolescente involucrados en la Controversia Familiar en la que sus derechos sustantivos deben ser determinados.

La Sala de Asuntos Indígenas realizó un ejercicio de ponderación de derechos, en tanto, este principio establece que los derechos fundamentales no son imperiosos frente a otros, sino que están sujetos a las condiciones de cada caso en particular; es así, en tanto, la Sala sostuvo que debía priorizarse el derecho de los infantes involucrados sobre los de la madre biológica que se autoreconoció como indígena.

Así, la Sala de Asuntos Indígenas con tales determinaciones visibiliza la necesidad de garantizar el acceso a la justicia en favor de las personas, pueblos y comunidades indígena; juzgando bajo una perspectiva de interculturalidad; debiendo hacer los ajustes razonables dentro de un proceso cuando por circunstancias de infancia, genero, salud o edad se actualice una asimetría de tal naturaleza.

Sexto y Séptimo Informes combinados de México sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Alondra Ivett De la O González[29]

Resumen. Este ejercicio deriva de un análisis temático, elaborado para su consulta en el ejercicio profesional y de investigación. Su propósito es resaltar la importancia de las opiniones de niños, niñas y adolescentes en la defensa de sus derechos. Define diversos conceptos vinculados con las instituciones que tienen intervención en el interés superior de la infancia, así como la sistematización de los resultados obtenidos, con base en entrevistas realizadas y factores que se involucran, identificándolos por grupos y temáticas; tanto generales como específicas, además de establecer recomendaciones.

Palabras clave. Convención sobre los Derechos del Niño; Comité de los Derechos del Niño; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes [LGDNNA]; Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); procesos de consulta; niñas, niños y adolescentes; informes periódicos; temáticas; resultados.

Abstract. This paper summarizes a thematic analysis, it could be used as a support material prepared for consultation in professional and research practice. It highlights the children and adolescent´s opinions in their rights defense. This study includes concepts linked to the systematization of the results obtained, based on interviews and factors involved, identifying them by groups and both, general and specific themes, besides the recommendations.

Keywords. Convención sobre los Derechos del Niño; Comité de los Derechos del Niño; Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes [LGDNNA]; consultation processes; girls, boys and adolescents; periodic reports; themes; results.

Introducción

La finalidad de este trabajo es presentar los aspectos vinculados a los informes periódicos presentados por México, al Comité sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño [entiéndase: niñas, niños y adolescentes], Comité de los Derechos del Niño, y con el firme compromiso de velar por la garantía de los derechos de la niñez y rendir cuentas sobre los avances.￼

El trabajo se divide en cinco apartados generales:

1. Acrónimos, se presentan las siglas de los diversos conceptos y definiciones que se usarán a lo largo del presente escrito.

2. Antecedentes, relación sobre las circunstancias históricas que dieron origen al proceso de registro de los avances y compromisos que como Estado–Nación se asumieron en instrumentos tanto nacionales como internacionales.

3. Sobre el proceso de elaboración de los informes.

4. Fundamento legal.

5. Proceso de elaboración de informes.

• Metodología de trabajo.

• Resultados del informe sexto y séptimo, subdivididos en temática general y específica: Temas propuestos, Propuestas recibidas, Grupos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad; y, Síntesis de opiniones del informe.

6. Medidas Generales de Aplicación.

7. Principios Generales.

8. Violencia contra niñas y niños.

9. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado.

10. Discapacidad, salud básica y bienestar.

11. Educación, esparcimiento y actividades culturales.

12. Medidas especiales de protección.

13. Conclusiones, basadas en las recomendaciones que previamente ha recibido el Estado Mexicano y las acciones realizadas.

14. Referencias, que sirvieron de sustento a lo desarrollado.

ACRÓNIMOS

• ASF: Auditoría Superior de la Federación

• CDN: Convención sobre los Derechos del Niño

• CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

• CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

• Comité DN: Comité de los Derechos del Niño

• CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

• CONEVAL: Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social

• INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

• LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

• OPDH: Organismos Públicos de Derechos Humanos

• PRONAPINNA: Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

• SIPINNA: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

• SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

• SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación

• UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, representan el marco jurídico especializado que busca la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proclama los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la niñez; asimismo, establece las obligaciones de los Estados parte, así como de quienes son responsables del cuidado de la infancia, de respetar, proteger y aplicar los derechos reconocidos por la Convención, sin distinción alguna y ponderando en todo momento el interés superior de la niñez.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, en la cual se reconoce que todas las personas menores de 18 años son sujetos de derechos y que los Estados tienen la obligación de protegerlos, garantizarlos y promoverlos.￼

Con base en esta Convención, en 2014 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce a los infantes como titulares de derechos, y establece sistemas de protección en todos los órdenes de gobierno. En su artículo 5, se precisa que son considerados como niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18.

Conforme a la LGDNNA, las Procuradurías Federal, estatales y municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes son las encargadas de la protección y restitución de los derechos de las personas menores de edad. Para conocer de violaciones a los derechos en el terreno, sus atribuciones les permiten realizar visitas domiciliarias, fungir como representantes legales de niñas, niños y adolescentes en todos los procesos jurisdiccionales o administrativos en que se vean involucrados, elaborar diagnósticos integrales sobre la situación de los derechos de personas menores de edad en particular o de un grupo de ellas, adoptar medidas urgentes y especiales de protección y diseñar planes de restitución de derechos cuya ejecución requiere de la coordinación de las Procuradurías con instancias de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño es un grupo de personas expertas encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.

Mientras que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), cuya creación data de 2017, implementó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), que es considerado como la primera política integral dirigida a la población menor de edad, cuyas estrategias de acción vinculaban a los tres órdenes de gobierno.

Todos los Estados están obligados a presentar informes periódicos [un informe inicial dos años después de la entrada en vigor de la Convención en cada uno de ellos y, posteriormente, un informe periódico cada cinco años] al Comité de los Derechos del Niño sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

De conformidad con las obligaciones establecidas en el artículo 44 de la Convención, México presenta al Comité de los Derechos del Niño informes sobre las medidas que ha implementado para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención y los avances en cuanto al goce de estos.

México ha presentado cinco informes periódicos al Comité sobre la aplicación de la Convención, el primero de ellos en 1994, el segundo en 1999, el tercero en 2006, el cuarto y quinto en 2015, y el sexto y séptimo en 2020, sobre los progresos alcanzados en el cumplimiento de la Convención y los retos que presenta día a día la dinámica social.

Para coordinar la presentación de los diversos informes, se creó una Comisión en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que fue creado en términos del artículo 1º de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Este sistema tiene por objetivo que las instituciones que la integran, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen, articulen, promuevan, apliquen y den seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño.

Sobre el proceso de elaboración de los informes

Fundamento legal

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando su derecho a un desarrollo integral, y a la satisfacción de sus necesidades, a través de políticas públicas dirigidas a la infancia.

De este mandato deriva la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, legislación de carácter general, en virtud de que sus disposiciones establecen el contenido mínimo que las leyes expedidas por las entidades federativas deben incluir, con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes gocen de protección integral por parte de todas las autoridades y la sociedad en general. Asimismo, establece las bases para la creación de un sistema interinstitucional encargado de la protección integral de los mismos: el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del que esta CNDH es integrante.

Incluso, una recomendación importante del Comité de los Derechos del Niño en 2015 fue la necesidad de armonizar la legislación con la LGDNNA y la CDN, para evitar que normas federales, estatales, municipales e incluso reglamentos administrativos, contengan preceptos o procedimientos que resulten contrarios o violatorios de los derechos de las personas menores de edad.

Proceso de elaboración de informes

Inicialmente, se creó el Comité Técnico Especializado en Información sobre la Protección Integral de los Derechos de NNA (CTEIPIDNNA) adscrito al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organismo autónomo que funge como instancia de coordinación interinstitucional para lograr la captación, integración, producción, procesamiento, sistematización y difusión de los datos sobre la situación de derechos de NNA. Cuenta con indicadores de validación, con lo cual se inició la creación del Sistema Nacional de Información de NNA (SNINNA), señalado en la LGDNNA. En colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se elaboró la plataforma INFOSIPINNA.org, que aloja información sobre 144 indicadores.

Incluyen  procesos de consulta con niñas, niños y adolescentes, realizadas a personas de entre 8 y 17 años integrantes de asociaciones y grupos organizados, así como entrevistas a grupos en situación de vulnerabilidad, sistematizadas en el registro de la información correspondiente por parte de las dependencias en la “Plataforma electrónica para el seguimiento de Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño”. La formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes se realiza con la participación de los diversos sectores: público, social y privado.

Se ha logrado la incorporación de presupuesto específico para la primera infancia desde 2020, a efecto de destinar recursos para la operación de las funciones que realiza la PFPNNA. Asimismo, se elaboró el diagnóstico ampliado del Programa Presupuestal E041 “Protección y restitución de los derechos de las NNA”.

b.i La metodología de trabajo consiste en:

1. Identificar los objetivos generales y específicos de la consulta.

1. La identificación de grupos a entrevistar.

1. Generar espacios de análisis y diálogo con niñas, niños y adolescentes de diversos contextos y realidades, así como con organismos tanto públicos como privados que tengan intervención.

1. Implementación y recepción de consultas, con el fin de incorporar opiniones y propuestas en la elaboración de los informes.

1. Sistematización de la información, para seleccionar las temáticas con base en los resultados arrojados.

b.ii Resultados del informe sexto y séptimo combinados de México sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Temática general

Temática específica

Principios generales

1. No discriminación.

1. Interés superior de la niñez.

1. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

1. Respeto a las opiniones de niños, niñas y adolescentes.

Violencia contra niños, niñas y adolescentes

1. Violencia en el contexto del crimen organizado.

1. Derecho a una vida libre de toda forma de violencia.

1. Explotación y abusos sexuales.

1. Abuso sexual por clérigos y otras instancias religiosas.

1. Prácticas nocivas.

Discapacidad, salud básica y bienestar

1. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

1. Salud y servicios sanitarios.

1. Salud de los adolescentes.

1. Salud ambiental.

Educación, esparcimiento y actividades culturales

1. Educación, incluidas la formación y la orientación profesional.

Temas propuestos

1. Educación.

2. Medidas para la igualdad sustantiva.

3. Participación.

4. Políticas públicas.

5. Recreación y cultura.

6. Servicios de salud.

7. Supervivencia y desarrollo.

8. Violencia.

Propuestas recibidas

1. Fortalecimiento de los servicios de atención a la violencia.

2. Difusión de derechos y garantía de acceso a la información.

3. Campañas y talleres para la prevención de la violencia en el hogar y la escuela.

4. Inclusión educativa: infraestructura, apoyos económicos, capacitación docente.

5. Educación integral en sexualidad, en derechos humanos y medio ambiente.

6. Reformar, desarrollar políticas públicas con enfoque de derechos de NNA, seguimiento y rendición de cuentas.

7. Mejorar la distribución y focalización de recursos en las NNA.

8. Promover actividades culturales y recreativas.

9. Escucha de las opiniones de NNA.

10. Garantizar instalaciones accesibles (escuelas, juegos, instituciones, transporte).

Grupos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad:

1. Indígenas y afromexicanos.

2. Con discapacidad.

3. Institucionalizados.

4. Migrante, refugiada y solicitante de asilo.

5. Gay, lesbiana, transgénero o intersexual (LGBTI+).

6. En situación de calle.

7. En situación de pobreza.

8. Trabajadora.

9. Víctimas de violencias.

Síntesis de opiniones del informe

I. Medidas Generales de Aplicación [artículos 4, 42 y 44, párrafo 6, de la Convención]

a. Recolección de datos, se destaca la importancia de realizar censos sobre temas de interés y sus necesidades.

b. Políticas públicas, deben estar informadas con estrategias de comunicación sobre las acciones de gobierno, los programas y obras existentes, así como convertir en acciones sus propuestas y establecer mecanismos de rendición de cuentas.

c. Asignación de recursos, estiman que los recursos deberían destinarse a las familias, pues con ello mitigan el estrés y ansiedad en los cuidadores, lo cual les resta tiempo para dedicar a sus hijos e hijas.

II. Principios Generales [artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención]

a. No a la discriminación, se implementan mayores programas de inclusión que han reducido los índices de discriminación. Proponen que en los planes de estudio se incorporen temas de no discriminación, así como campañas de comunicación.

b. Interés Superior de la Niñez, exigen que más instituciones promuevan y defiendan sus derechos, además de seguir sensibilizando a las autoridades municipales y comunidades alejadas para que lo respeten e implementen en la administración de justicia y en las políticas públicas.

c. Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, reportan que no hay suficientes centros de salud con personal y medicinas para su atención. Proponen campañas de prevención sobre el uso de sustancias nocivas, salud sexual y reproductiva, además de ampliar la cobertura en salud a través de las escuelas, para que sean espacios informativos y de atención directa a la salud con personal especializado.

d. Respeto a las opiniones de niñas, niños y adolescentes, destacan la necesidad de sentirse escuchados por las personas adultas sobre sus intereses y preocupaciones. Asimismo, proponen ser integrados en consejos, cabildos y asambleas para decidir en favor del lugar donde viven y lo que les interesa.

III. Violencia contra niñas y niños [artículos 19, 24, párrafo 3; 28, párrafo 2; 34; 37 y 39 de la Convención]

a. Violencia contra los niños, señalan que existen más programas de prevención a través de campañas para su identificación y fomento a la denuncia, sobre todo en el ámbito escolar y familiar. Aunque se han promulgado leyes para erradicar la violencia y malos tratos, afirman que la violencia está normalizada y no se da seguimiento ni acompañamiento psicológico a los casos denunciados. Proponen realizar capacitación a las y los servidores públicos de diversos ámbitos, como el escolar, las procuradurías y ministerios públicos, para la detección, canalización y atención de las niñas, niños y adolescentes que viven violencia.

b. Explotación y abusos sexuales, reconocen que ha mejorado la información y prevención del abuso sexual en las escuelas con campañas y los números telefónicos de denuncia, pero expresan que las redes de narcotráfico y explotación lucran con la venta de niñas, niños y adolescentes. Consideran que hay embarazos en niñas producto de violencia, por lo que es necesario que la educación sexual se imparta desde temprana edad, acorde a su desarrollo.

c. Matrimonio infantil, consideran que ha disminuido; sin embargo, este fenómeno continúa debido a que es visto como algo natural y, por lo tanto, no se denuncia. En zonas rurales los esfuerzos deben ser mayores, pues culturalmente el tema es muy controversial, por lo que proponen dar a conocer la prohibición del matrimonio antes de los 18 años.

d. Derecho a una vida libre de toda forma de violencia, señalan que ha habido cambios en que la voz de las mujeres se toma más en cuenta, pero aún hay muchos espacios de discriminación para ellas.

IV. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado [artículos 5, 9 a 11, 18, párrafos 1 y 2; 20; 21; 25; y 27, párrafo 4, de la Convención]

a. Niñez privada de su entorno familiar, señalan la importancia de trabajar con las familias a fin de evitar la desintegración familiar o permitir la reintegración, que en ocasiones se ve imposibilitada por las condiciones económicas en las que se encuentran las familias.

b. Adopción, quienes actualmente viven con sus familias adoptivas señalan que, en el periodo previo, durante el acogimiento residencial y durante los procesos de adopción, es necesario ampliar las convivencias con sus familias adoptivas, haciendo hincapié en la confianza que deben tener al decidir tener una nueva familia. Refieren que actualmente tienen restituido el derecho a la familia y expresan su preocupación por la eficiencia y rapidez que deben tener los procesos de adopción o reintegración familiar. Quienes viven un modelo de acogimiento familiar mencionan que es una vía para la restitución del derecho a vivir en familia; expresan sentirse bien tratados en tanto se resuelve la situación de fondo.

V. Discapacidad, salud básica y bienestar [artículos 6, 18 párrafo 3, 23, 24, 26, 27 párrafos 1 a 3 y 33 de la Convención]

a. Niñas y niños con discapacidad, si bien en algunas escuelas ya se cuentan con rampas, aún es necesario tener mayor infraestructura y transporte público para esta población, así como tener material y personal docente que estén capacitados para la atención de las diversas discapacidades. También proponen capacitar al personal médico para la atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Consideran que hay dificultad para entender las diferencias entre personas con discapacidad.

b. Salud y servicios sanitarios, se ha brindado información sobre alimentación sana, medicamentos, el cuidado del aire y el agua; se han realizado esfuerzos para disminuir la desnutrición y obesidad de niñas, niños y adolescentes, ejemplo de ello es la información en empaques de comida chatarra.

c. Salud de las y los adolescentes, se han implementado mejores programas de activación física, autocuidado y salud mental. Si bien se habla más sobre temas de salud sexual y reproductiva, aún persiste un silencio o diferenciación en la difusión de información dada por el género. Se debe dar la información adecuada sobre derechos sexuales y reproductivos desde edades tempranas a madres, padres y docentes; mayor promoción de uso de copas menstruales y anticonceptivos, así como brindar la interrupción legal del embarazo a las adolescentes sin que se les estigmatice. En el marco de la pandemia por COVID-19, las y los adolescentes han experimentado diversos impactos en la salud mental que requieren mayor prevención y atención.

d. Medio ambiente, hay mayor difusión sobre el cuidado del medio ambiente y la separación de basura y reciclaje, sin embargo, la regulación sobre la contaminación del aire no es clara ni suficiente. Además, falta informar sobre las repercusiones en la salud. La empresa privada debe encontrar el balance entre sus intereses y el cuidado del medio ambiente.

VI. Educación, esparcimiento y actividades culturales [artículos 28 a 31 de la Convención]

a. Educación, se ha logrado tener más escuelas de tiempo completo, programas alimentarios escolares y becas para uniformes y útiles escolares, igualdad de género para el acceso a la escuela. Durante la pandemia se logró sacar adelante la educación a través de televisoras y plataformas en línea, sin embargo, es necesario mayor acceso a los sistemas de becas en todos los niveles, infraestructura educativa, alcance de los servicios digitales y capacitación al personal docente para impartir clases virtuales. Atención adecuada en las escuelas públicas para madres embarazadas y niñas, niños con discapacidad. Prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en las escuelas entre alumnos y de docentes.

b. Derecho al juego y esparcimiento, señalan que existen espacios para juego, pero son pocos e inseguros. Refieren la ausencia de oferta en actividades para el ocio y uso del tiempo; especialmente las y los adolescentes señalan que no hay lugares para reunión con sus amistades. Recomiendan habilitar espacios con juegos decididos por niñas y niños, así como espacios de reunión y deportivos para adolescentes como canchas, rutas para bicicleta o patinetas; ofertar actividades recreativas, deportivas, artísticas y tecnológicas de forma sostenida que sirvan para potenciar habilidades, pero también para el uso de su tiempo.

c. Actividades culturales, se cuenta con talleres de esparcimiento y aprendizaje cultural de manera gratuita, difusión de programas culturales, de convivencia y de diversidad cultural. Se recomienda garantizar espacios públicos a niñas, niños y adolescentes con discapacidad para que tengan las mismas oportunidades culturales, de bienestar, educativas y recreativas, con trato equitativo. Proponen implementar más actividades culturales de bajo costo o gratuitas, así como crear o involucrar actividades que fomenten el respeto entre culturas mundiales que lleguen a los municipios más alejados.

VII. Medidas especiales de protección [artículos 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) a d), 38 y 40 de la Convención]

a. Niñas y niños migrantes solicitantes de asilo, hay un mayor reconocimiento de la solicitud de asilo por parte de niñas, niños y adolescentes y sus familias, sin embargo, en la mayoría de los casos se hace un retorno a los países, a pesar de que reúnen las condiciones de asilo debido a que no hay una identificación de esa condición. Si bien hay una promoción de aceptación y empatía hacia las personas refugiadas, aún persiste un imaginario negativo que evita su adecuada integración social.

b. Niñas y niños migrantes, expresan percibir mayor seguridad en México que en sus países de origen, pues consideran que una vez que llegan a un albergue tienen seguridad y que, en general, es un país donde se apoya a las personas migrantes. Dentro de los albergues de primera acogida, reportan ser tratados bien, otorgándoles alimento y un lugar donde dormir. Sin embargo, es frecuente que durante su viaje hayan sido víctimas de delitos, en su mayoría robo y extorsión. Proponen contar con medios de comunicación para reunirse con sus familias que aún están en sus países de origen o en los Estados Unidos.

c. Niñas y niños indígenas y afrodescendientes, destacan que existen servicios como albergues, despensas para alimentarse, escuelas y becas; pero que necesitan de otros más como electricidad, centros de salud, caminos pavimentados, transporte público, parques, conectividad a internet, casas de cultura y bibliotecas.

d. Explotación económica incluido el trabajo infantil, manifiestan que, si bien cuentan con su familia que les provee de lo básico, describen que para poder estudiar, deben trabajar en el campo, por lo que proponen becas para estudiantes trabajadores. También sugieren mejorar los lugares de trabajo con espacios y actividades educativas, recreativas, deportivas y conectividad a internet.

e. Administración de la justicia juvenil, perciben que hay mayor penalización a quienes delinquen, principalmente aquellos que se involucran en delincuencia organizada y narcotráfico. Señalan que estas redes coptan adolescentes para involucrarlos en la delincuencia. Reconocen mejoras en los centros de rehabilitación e impartición de justicia para adolescentes.

f. LGBTI+, señalan que una familia amorosa, que escucha, respetuosa, que acepte y brinde apoyo, así como una comunidad defensora y protectora de derechos humanos, es la base más segura para que toda persona LGBTI+ menor de 18 años de edad se desarrolle en un ambiente respetuoso y de buen trato. Proponen informar a la sociedad para mitigar creencias falsas y estereotipos negativos, así como educar a la niñez y adolescencia LGBTI+ sobre sus derechos y cómo actuar en caso de que sean violentados. Sugieren reconocer su identidad con un trámite ágil para el cambio de acta, así como ajustes razonables, como baños neutros en escuelas y espacios públicos.

4. Conclusiones

La habilidad y experiencia en la presentación de reportes de investigación y consulta sobre el estatus quo de niñas, niños y adolescentes solo se logra mediante el análisis constante y cotidiano.

En México, las instituciones de investigación tienen la responsabilidad de impulsar los procesos de producción de conocimiento a través de la realización de proyectos de investigación para fortalecer los procesos de difusión y divulgación de temas de interés.

Existe la necesidad de un mayor vínculo entre las diversas instituciones, con la finalidad de fortalecer las redes de colaboración, donde el análisis de los informes de resultados se convierta en una forma de acercamiento e integración de la realidad en la que viven niñas, niños y adolescentes.

Gracias a esta investigación, se han advertido diversas recomendaciones a México, tales como:

a. Intensificar las medidas de lucha contra la corrupción. Incluso, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se han implementado mayores mecanismos de control interno dentro de la Administración Pública Federal (APF) y de coordinación en las entidades federativas, en concordancia con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

b. De igual forma, se observa que México ha tenido diversas colaboraciones a nivel doméstico e internacional, pues ha suscrito Convenios de Colaboración con UNICEF para el trabajo con autoridades, como:

i. Con SEGOB en materia de registro civil y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.

ii. Con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) en alimentación, salud y educación, entre otros.

iii. Con organismos como UNICEF, ACNUR, OIM, UNFPA, ONU-Mujeres, ACNUDH, UNESCO, OIT, OMS, UNODC y FAO para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los diversos órdenes de gobierno.

iv. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la elaboración de estudios e intercambios sobre primera infancia.

v. Ha recibido asistencia técnica internacional de la Unión Europea sobre migración, embarazo adolescente, violencia y fortalecimiento institucional.

vi. Colabora con los gobiernos de Canadá y Suecia en materia de justicia juvenil y atención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

vii. Mantiene un vínculo permanente con la Relatoría sobre Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de visitas al país y participación en espacios de diálogo y colaboración contra violencias.

viii. Forma parte del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos (IIN-OEA).

Como se ha observado, México tiene una actitud proactiva en impulsar la cooperación y colaboración con las diversas instituciones nacionales y extranjeras en la Protección, Promoción y Defensa de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, pero solo puede lograr un resultado eficiente y eficaz con el estudio actual de la realidad en la que se encuentran nuestros infantes.

Referencias

Comité de los Derechos del Niño. Informes periódicos sexto y séptimo combinados que México debía presentar en 2020 en virtud del artículo 44 de la Convención. (2023). Disponible en: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/176/01/pdf/g2317601.pdf.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Especial Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México: Diagnóstico y propuestas para su protección y garantía. (Noviembre 2021). Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-12/IE_Derechos_2021.pdf.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sexto y Séptimo Informes Combinados de México respecto del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño: Reporte de las opiniones de niñas, niños y adolescentes. Disponible en: https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/sexto-y-septimo-informes-combinados-de-mexico-sobre-el-cumplimiento-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino.

Comité de los Derechos del Niño. Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño. Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en: https://www.plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/observaciones-generales-comite-derechos-del-nino/.

Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México (E/C.12/MEX/CO/R.5-6). Disponible en: https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/E_C-12_MEX_CO_5-6_30800_S.pdf

Naciones Unidas. Recomendaciones Internacionales a México en materia de Derechos Humanos. (2010). Disponible en: https://recomendacionesdh.mx/.

Observación General número 27. “Nota conceptual”

Francisco Alejandro Martínez Guzmán[30]

El Comité de los Derechos del Niño, compuesto por personas expertas en derechos humanos, tiene como principal responsabilidad supervisar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos. En el marco de esta labor, emite Observaciones Generales, instrumentos que interpretan los derechos establecidos en la Convención. Estas observaciones se centran en áreas que requieren atención prioritaria, derechos insuficientemente protegidos o malinterpretados, así como en la identificación de nuevos desafíos relacionados con los derechos de niñas y niños.

El presente ensayo tiene como objetivo examinar la Nota Conceptual correspondiente a la Observación General número 27, la cual se encuentra en proceso de desarrollo. Aunque aún no ha sido publicada en su totalidad, dicha nota sugiere que esta observación abordará el derecho de niñas y niños al acceso a la justicia y a recursos efectivos. Este tema reviste particular relevancia en el contexto de la protección integral de los derechos de la infancia.

Para ofrecer un análisis sólido, este ensayo explorará primero los aspectos esenciales de las Observaciones Generales números 10 y 24 del Comité de los Derechos del Niño, ya que ambas constituyen antecedentes directos de la Nota Conceptual de la Observación General número 27. Cabe señalar que la Observación General número 24 sustituye a la número 10, ampliando y actualizando su alcance.

La Observación General número 10, emitida el 25 de abril de 2007 durante el 44º período de sesiones celebrado en Ginebra, aborda los derechos de niñas y niños en el sistema de justicia de menores. En ella, el Comité analiza los artículos 37 y 40 de la Convención, destacando que la privación de la libertad y los procedimientos judiciales deben considerarse como medidas de último recurso. Se proponen alternativas como la remisión de casos y la justicia restaurativa, en línea con el interés superior del niño y con beneficios tanto para la infancia como para la sociedad en general. Los objetivos principales de esta observación incluyen:

1. Elaborar una política de justicia de infancia a fin de prevenir y luchar contra la delincuencia juvenil con la sugerencia y apoyo del Grupo Interinstitucional de Coordinación sobre la Justicia de Menores.

1. Ofrecer a los Estados Parte orientación respecto a la política antes citada, a fin de afrontar la delincuencia juvenil sin recurrir a procedimientos judiciales.

1. Promover su integración como una política nacional.

Para cumplir lo anterior, la justicia de menores se sustenta en los principios básicos de "no discriminación", que significa trato igual a todos los niños que tengan conflicto con la justicia –niños de la calle, minorías raciales, étnicas, religiosas–, así como dejar a un lado o abrogar aquellas conductas que se consideran delitos que se cometen en condición de niño, pero que no se piensan así al ser cometidos como adultos, como el vagabundeo, el absentismo escolar y las escapadas del hogar.

Otro principio es "el interés superior del niño", que reconoce que los niños se diferencian de los adultos en su desarrollo físico y psicológico, así como en sus necesidades emocionales y educativas. Estas diferencias constituyen una base para considerar menor la culpabilidad de los niños en conflicto con la justicia; consecuentemente, la represión y el castigo deben sustituirse por rehabilitación y justicia.

Un principio más es «el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo»; por ende, la pena capital y la prisión perpetua están prohibidas, mientras que la detención, el encarcelamiento o la prisión deben ser medidas de último recurso y aplicarse únicamente por un período breve.

De igual manera, es "el respeto a la opinión del niño", es decir, permitir que exprese su opinión libremente sobre los asuntos que le afecten.

Finalmente, el principio de "dignidad" reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, lo que implica tomar en cuenta la edad del niño, fomentar su reintegración y desempeño constructivo en la sociedad, y prohibir y prevenir todas las formas de violencia en el trato hacia los niños en conflicto con la justicia.

Los elementos básicos de una política general consisten en la prevención de la delincuencia juvenil. Para ello, debe prepararse al niño para asumir una vida individual y responsable en una sociedad libre en la que pueda desempeñar una función constructiva respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta preparación es responsabilidad de los padres, los dirigentes de la comunidad, los representantes de ONG, los servicios de libertad vigilada y los asistentes sociales, quienes deben participar en la elaboración y ejecución de programas de prevención.￼

Un elemento más es la intervención y remisión de casos, derivada de la obligación del Estado de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos del niño. Esto implica adoptar dos tipos de medidas: las que no recurren a procedimientos judiciales y las que se aplican en el contexto de un proceso judicial.

En este sentido, los niños en conflicto con la justicia, incluidos los reincidentes, tienen derecho a recibir un trato que promueva su reintegración y el desempeño de una función constructiva en la sociedad. Se enfatiza que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño solo deben aplicarse como medida de último recurso, prefiriendo alternativas que aseguren su bienestar, como el cuidado, la orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, entre otras opciones que eviten la internación en instituciones.

Cuando se trate de delitos leves cometidos por niños, deben preverse medidas que eliminen el procedimiento penal o de justicia de menores y reorienten los casos hacia servicios sociales sustitutorios. La observación otorga a los Estados la discrecionalidad para decidir la naturaleza de estas medidas, sugiriendo programas basados en la comunidad, la supervisión y orientación comunitarias, y mecanismos como el servicio social, los asistentes sociales, los agentes de libertad vigilada, las conferencias familiares y otras formas de justicia restitutiva, incluyendo el resarcimiento y la indemnización a las víctimas.

El sistema de justicia juvenil es aplicable a los niños que superen la edad mínima de responsabilidad penal pero no hayan cumplido 18 años en el momento de la comisión del delito. Con relación a los niños con retrasos en el desarrollo o con trastornos o con discapacidad del desarrollo neurológico –espectro autista, síndrome alcohólico fetal o lesiones cerebrales adquiridas–, no deben enfrentarse en modo alguno al sistema de justicia juvenil, aun cuando hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Estos niños deben ser valorados individualmente.

El Comité sugiere la aplicación del sistema de justicia juvenil a las personas de 18 años o más, como norma general o a título excepcional, pues las pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia demuestran que el desarrollo cerebral continúa en los primeros años tras cumplir los 20.

Como garantías de un juicio imparcial, se agrega la asistencia gratuita de un intérprete y/o traductor en las etapas del proceso, profesionales que deben estar calificados para trabajar con niños.

Al niño, antes de entrar en contacto con el sistema judicial, antes de que comience el juicio, deben ofrecérsele las opciones de medidas extrajudiciales, las cuales deben estar disponibles durante todo el proceso. Se le presentarán como una forma de suspender el proceso judicial oficial, al que se pondrá fin si el programa correspondiente a tales medidas se lleva a cabo de manera satisfactoria. Por su parte, las leyes deberán referirse a medidas no privativas de la libertad y dar prioridad a la aplicación de medidas extrajudiciales para garantizar que la privación de la libertad se utilice únicamente como último recurso y durante el período más breve posible.

El niño cuenta con los derechos procesales de acceder a una asistencia jurídica, impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante una autoridad independiente e imparcial y a que se resuelva sin demora, fijando plazos breves para la finalización de los recursos a fin de garantizar decisiones rápidas. El Comité anima a los Estados a que fijen un límite de edad por debajo del cual los niños no puedan ser legalmente privados de su libertad, como los 16 años.

El Comité establece que los niños siempre deben ser juzgados en sistemas especializados en justicia juvenil. Agrega que las Naciones Unidas han detectado el reclutamiento de niños por parte de grupos no estatales, donde reciben instrucción militar, se les utiliza en hostilidades y actos terroristas, ataques suicidas, llevar a cabo ejecuciones, son utilizados como escudos humanos, objetos de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual, para transporte o venta de drogas, realizan tareas peligrosas como espiar, vigilar, patrullar o transportar equipo militar. Asimismo, se les alienta a cometer actos contra su propia familia o comunidad para demostrar lealtad y desalentar futuras deserciones.

Por lo anterior, el Comité instó a los Estados a considerar la posibilidad de adoptar medidas no judiciales como alternativa al enjuiciamiento y la detención que se centren en la reintegración, y los exhortó a que respetaran las garantías procesales de todos los niños detenidos por su vinculación con fuerzas y grupos armados. También recomendó realizar intervenciones preventivas para hacer frente a los factores sociales y las causas fundamentales, y adoptar medidas de reintegración social.

En otro orden, se consideró a los sistemas de justicia consuetudinarios, tribales, indígenas o de otro tipo como una mejor opción que los mecanismos oficiales, pues tienen la ventaja de ofrecer respuestas adaptadas a las especificidades culturales de manera rápida. Sin embargo, estos deben ajustarse al derecho constitucional y a las garantías jurídicas y procesales, pues el reconocimiento de estos sistemas de justicia contribuye a incrementar el respeto por las tradiciones de las sociedades indígenas, lo que podría beneficiar a los niños pertenecientes a ellas.

Se recomienda un sistema integral de justicia juvenil, unidades especializadas de policía, sistema judicial a través de tribunales de justicia juvenil como entidades separadas o como parte de los tribunales existentes, defensores especializados, jueces especializados y evaluaciones individuales de los niños.

Los Estados miembros deberán procurar que el parlamento, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación contribuyan de manera activa y positiva a promover y apoyar campañas educativas y de otro tipo para garantizar que se respeten los aspectos de la Convención en favor de los niños que se encuentren en el sistema de justicia juvenil. Asimismo, se insta a la formación multidisciplinaria de los profesionales involucrados en la justicia juvenil, y se recomienda que los Estados realicen evaluaciones periódicas de sus sistemas de justicia juvenil con relación a la eficacia de las medidas adoptadas.

Expuesto lo anterior, corresponde departir acerca de la Observación General sobre el derecho de los niños al acceso a la justicia y a recursos efectivos, lo que eventualmente constituirá la Observación número 27.

No se pierda de vista que el acceso a la justicia juega un papel importante en la lucha contra las desigualdades, y que promueve la participación y rendición de cuentas de los actores estatales y privados en el cumplimiento de sus obligaciones. Señala el Comité que una gran mayoría de los niños cuyos derechos son violados no tienen acceso a la justicia y no reciben reparación tras la violación de su derecho. Sigue diciendo que los procesos judiciales rara vez son amigables con los niños.

El acceso a la justicia y a recursos efectivos son esenciales para la protección, promoción y cumplimiento de todos los derechos humanos. El Comité afirma que el derecho a un recurso se encuentra implícito en la Convención, pero no está reservado a los niños que infringen las leyes penales. Los niños deben contar con la información y recursos efectivos para reclamar sus derechos, ya sea a través de la educación, asistencia y asesoramiento, o mediante instituciones de derechos humanos, abogados, paralegales y otros servicios.

Por su parte, el acceso a la justicia incluye la capacidad de buscar, individual o colectivamente, un remedio justo, equitativo y oportuno por violaciones a derechos, el derecho a un juicio justo, el derecho a apelar, el derecho igualitario a los tribunales y la protección judicial efectiva. Por tanto, todos –incluidos los niños– deben tener acceso a la justicia y a recursos.

La Observación establece que la reparación deberá entenderse como un proceso a través del cual las violaciones de derechos humanos pueden ser impugnadas, sin necesariamente acudir a un sistema de justicia formal. La Observación General pretende brindar orientación para garantizar el empoderamiento de los niños como titulares de derechos, tanto como defensores de estos, como también a aquellos niños que participan en los procesos judiciales, proporcionando información apropiada a su edad.

La Observación General aborda el derecho del niño a acceder a la justicia en el contexto de los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo sistemas de justicia informales o no estatales, servicios de apoyo comunitario, social y paralegal, mecanismos de justicia consuetudinaria y religiosa, mecanismos alternativos y restaurativos de resolución de disputas, y enfatiza la importancia de la participación infantil. Asimismo, establecerá mecanismos y procedimientos de denuncia que sean accesibles para todos los niños, ampliando el derecho de los niños a recibir asesoría y representación de manera adaptada a ellos por parte de profesionales capacitados con conocimientos especializados. También se atenderán los derechos procesales de los niños, como la asistencia jurídica gratuita y de calidad, el derecho a ser escuchados e informados, el acompañamiento durante todas las etapas del proceso, y la asistencia de un traductor o intérprete.

La Observación General explicará, frente al derecho de los niños, el papel de las organizaciones de la sociedad civil, los servicios sociales, abogados y otros actores para apoyar a los niños a hacer realidad sus derechos, desarrollar litigios estratégicos y sensibilizar a los profesionales que trabajan con y para los niños.

La Observación número 27 tiene como objetivo brindar a los Estados Parte orientación para adoptar medidas legislativas, administrativas y de otro tipo apropiadas para garantizar el derecho de los niños a acceder a la justicia y a recursos efectivos para la plena realización de todos sus derechos. Por tanto, tratará de identificar las barreras prácticas, jurídicas, sociales y culturales que impiden que los niños accedan a la justicia y a un recurso efectivo. También se incluirá la capacidad jurídica de los niños según su edad, madurez y base, fundamentada en el principio de la evolución de la capacidad. Se adaptará el sistema de justicia para que sea apropiado para los niños. La Observación contará con la opinión de los niños, a la cual se le dará la debida consideración.

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Comentarios

Apuntes para el Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes31

Edith García González[32]

“Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes implica establecer un sistema integral de protección que promueva su desarrollo pleno, salvaguarde su dignidad y asegure su acceso efectivo a la justicia sin revictimización”. (Anónimo).

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, no sólo de los adultos, sino incluso aún más, de los niños, niñas y adolescentes.

Uno de esos derechos, es el denominado “acceso a la justicia”, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Precisamente la obra que hoy tenemos la fortuna de analizar titulada "Apuntes para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes", publicada por la Dirección de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un esfuerzo significativo que desarrolla un marco teórico-práctico para dar respuesta a las siguientes interrogantes:

a)  ¿Cuáles son los derechos constitucionales, convencionales y legales de los niños, niñas y adolescentes?

b) ¿Cuáles son las dimensiones de la participación infantil en los procesos judiciales?

c) ¿Quiénes pueden jurídicamente representar a los niños, niñas y adolescentes en los procesos jurisdiccionales?

d) ¿Qué es la asistencia especializada para niños, niñas y adolescentes?

e)  ¿Qué alcances tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja en casos que involucren Niños, Niñas y Adolescente?

f) ¿Cómo deben los jueces valorar las pruebas desde una perspectiva de infancia?

g) ¿Cómo se debe reparar integralmente la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?

h) ¿Qué es el interés superior de niños, niñas y adolescentes?

i) ¿Cuáles son las obligaciones de los órganos jurisdiccionales en materia del interés superior de niños, niñas y adolescentes?

En el primer capítulo, como lector podrás encontrar el marco teórico-conceptual nacional e internacional de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que existen para la protección de los mismos.

El segundo capítulo, contiene múltiples reflexiones sobre cómo las malas prácticas -que aún existen- al recabar las opiniones de los niños, niños y adolescentes que son parte o testigos en los procesos jurisdiccionales los pueden revictimizar, para después encontrar una serie de propuestas y buenas prácticas que se han gestado no sólo a nivel nacional sino también internacional, de cómo las autoridades jurisdiccionales deben actuar antes, durante y después de recabar la opinión de los NNA.

La representación jurídica de los NNA ya sea originaria, coadyuvante o en suplencia, es el tema rector del capítulo tercero, en el que se aborda la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes cuenten con una representación especializada, independiente, proporcional y diligente que garantice efectivamente sus derechos.

La obligación de las autoridades jurisdiccionales de suplir la deficiencia de la queja en todas las etapas procesales en tratándose de asuntos donde estén involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes es el tema que aborda el capítulo cuarto.

En el capítulo quinto, se encuentran los lineamientos que los operadores jurídicos deben seguir para hacer una reparación transformacional en casos de violaciones a derechos humanos de los que son sujetos los niños, niñas y adolescentes.

Es importante precisar, que el enfoque que le da esta obra a la reparación transformacional va más allá de restituir el daño, sino que busca transformar las estructuras sociales, jurídicas y políticas que perpetúan las desigualdades y vulnerabilidades que hacen de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los sistemas de administración de justicia.

El último capítulo es relativo al interés superior del niño, niña y adolescente desde tres dimensiones, a saber: derecho sustantivo, principio interpretativo y regla del procedimiento.￼

En esta obra los operadores jurídicos encontrarán un análisis minucioso del marco normativo vigente en el Estado Mexicano, tanto a nivel nacional como internacional, así como los criterios jurisprudenciales y las estructuras institucionales existentes que buscan garantizar un acceso efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes.

Del contexto de los procedimientos jurisdiccionales, se destacan los esfuerzos para transformar el sistema de impartición de justicia hacia un modelo adaptado, que no sólo cumpla con los principios de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, sino que coloque en el centro las necesidades, derechos y el interés superior de la niñez.

El documento enfatiza cómo las normas generales, alineadas con los tratados internacionales entre otros la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen una obligación del Estado de asegurar que la justicia sea accesible, inclusiva y no revictimizante para los NNA.

Se destaca la importancia de la capacitación continúa de los operadores del sistema de justicia, quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar estas disposiciones con perspectiva de infancia.

No debemos olvidar que esta obra, como herramienta en la administración de justicia, debe ser interpretada en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los códigos sustantivos y adjetivos de la materia.

Finalmente, debe decirse con toda seguridad, que estos apuntes cumplen el objetivo que se propuso, precisamente contribuir a la construcción de una justicia menos adulto-céntrica, que permite a las niñas, niños y adolescentes (NNA) ejercer sus derechos de acceso a la justicia desde una posición de igualdad como sujetos titulares de derechos.

Entrevista

Política pública para la inclusión de las personas con discapacidad

En esta edición dedicada a los Instrumentos de Protección de Grupos￼ Vulnerables, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, concedió una entrevista para esta revista especializada en materia familiar. En esta conversación, el Magistrado Presidente detalla los esfuerzos de la institución para garantizar un trato inclusivo y accesible hacia las personas con discapacidad, destacando políticas, colaboraciones y acciones clave que consolidan a este órgano como un referente en atención incluyente.

A continuación, compartimos esta valiosa entrevista, que subraya la importancia de un enfoque inclusivo de las personas con discapacidad en la administración de justicia así como el compromiso institucional con los derechos humanos y la igualdad.

¿Qué ha realizado el PJEdomex para ser una institución incluyente y accesible?

El Poder Judicial del Estado de México ha impulsado políticas internas que permiten abordar el tema de la discapacidad de manera integral. Estas políticas están dirigidas al personal judicial en los ámbitos personal, familiar y laboral, así como en la administración de justicia.

¿Cuáles son las instituciones con las que ha colaborado el Poder Judicial en relación al tema?

Entre las primeras instituciones con las que se estableció colaboración se encuentran la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto Mexiquense para la Discapacidad.

¿Bajo qué líneas de atención el Consejo de la Judicatura aprobó el Programa Poder Judicial Accesible e Incluyente?

El programa se sustenta en las siguientes líneas de atención:

1. Vida Independiente

2. Accesibilidad

3. Inclusión Laboral

4. Práctica Judicial más Inclusiva

¿Cuáles son los tipos de discapacidad?

1. Discapacidad física o motriz: Relacionada con el cuerpo y los miembros; puede ser consecuencia de afecciones en cualquier órgano o sistema corporal.

1. Discapacidad intelectual: Implica dificultades en el aprendizaje, desarrollo del lenguaje, motricidad o habilidades sociales y de comunicación.

1. Discapacidad psicosocial: Está vinculada con la capacidad de gestionar emociones o relaciones interpersonales, presentando trastornos en el comportamiento adaptativo.

1. Discapacidad sensorial (visual y auditiva): Afecta a personas que han perdido la capacidad visual o auditiva, lo que puede dificultar la comunicación o el uso del lenguaje.

1. Personas adultas mayores: Aquellas de 60 años o más, domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

¿Cuáles son algunas reglas básicas de etiqueta para dirigirse a una persona con discapacidad?

1. Actuar con naturalidad.

1. Respetar el mobiliario y equipo auxiliar.

1. Evitar términos degradantes, negativos o diminutivos.

1. Ser paciente.

¿Cuáles son los términos adecuados para referirse a personas con discapacidad?

1. Persona con discapacidad.

2. Persona con discapacidad visual o persona ciega.

3. Persona adulta mayor.

¿Cuáles son las recomendaciones para tratar a personas con discapacidad motriz?

Primero, siempre pregunte si la persona necesita ayuda antes de ofrecérsela. Es importante caminar a su ritmo y estar dispuesto a colaborar en acciones como alcanzar, tomar o levantar objetos. También es esencial mantener libres de obstáculos los trayectos, rampas y puertas para facilitar su movilidad.

¿Y en el caso de las personas con discapacidad intelectual o mental?

Hay que dirigirse a ellas de acuerdo con su edad cronológica, evitando hablarles de manera infantil. La paciencia y la tolerancia son fundamentales. Además, se recomienda usar oraciones cortas, claras y precisas, ajustando la complejidad y velocidad del mensaje según sea necesario.

¿Cómo se puede facilitar el trato con personas con discapacidad visual?

Es crucial evitar términos como "allí", "esto" o "aquello" que no aportan claridad. Identificarse con el nombre y función, y si necesita retirarse, avisarles. Si la persona tiene un animal de servicio, no debe interactuar con él sin permiso. Para guiar a alguien, ofrezca su brazo u hombro, pero no tome el suyo, y camine ligeramente por delante.

¿Y qué se debe tomar en cuenta con personas sordas o con discapacidad auditiva?

Lo más importante es mirar a los ojos y mantener contacto visual. Hable claramente, con un tono de voz natural, sin cubrir su rostro con las manos u objetos que puedan obstaculizar la lectura de labios. Si fuera necesario, refuerce la información por escrito para garantizar la comprensión.

Finalmente, ¿qué se recomienda para tratar a personas adultas mayores?

Debe tratárseles como a cualquier adulto, sin subestimarlos por su edad o condición. Escucharles activamente y valorar lo que transmiten es esencial. También es importante ofrecer alternativas, respetar su toma de decisiones y preguntarles cómo prefieren ser tratados, ya sea de "usted" o de “tú".

Tengamos en cuenta siempre, que este enfoque integral reafirma el compromiso del Poder Judicial del Estado de México con la inclusión y el respeto hacia todas las personas.

Voces desde el Poder

Judicial

La importancia de la Vinculación Interinstitucional de los Centros de Convivencia Familiar. Taller impartido en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí

Olga Lidia Sanabria Téllez[33]

Los Centros de Convivencia Familiar tienen como objetivo apoyar a las familias a restablecer y mantener los lazos de unidad, identidad, apego, confianza y afecto entre ascendientes no custodios y sus descendientes, luego de que atraviesan una situación de conflicto entre la pareja.

Para lograrlo, en el Poder Judicial del Estado de México se construye un modelo de trabajo a través de diversos programas, talleres psicoeducativos y actividades que se desarrollan al interior de dichos Centros, basado en su adecuada infraestructura para la atención de infantes y adolescentes, así como de sus familias. Estos Centros están distribuidos en tres municipios: Ecatepec, Nicolás Romero y Toluca, en los cuales se atienden más de 2,900 expedientes.

El modelo de referencia está respaldado por el Presidente de nuestro Tribunal, Mgdo. Dr. Ricardo Sodi Cuellar, así como por el Consejero a cargo de los Centros, Mgdo. Dr. Raúl Aarón Romero Ortega, y los miembros del Consejo de la Judicatura.

Ante esta incesante labor, el 27 de agosto de la presente anualidad, se firmó, por primera vez, un convenio de colaboración con el Poder Judicial de San Luis Potosí enfocado en compartir las buenas prácticas de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, con la intención de apoyar a las familias en procesos judiciales del estado de San Luis Potosí y consolidar relaciones entre instituciones.

En cumplimiento de este convenio, en una primera fase, los días diez y once de octubre del año en curso, se realizó una capacitación híbrida a 110 servidores públicos del Poder Judicial de San Luis Potosí, en la Escuela Judicial de dicha entidad; de tal manera que 60 servidores públicos participaron de forma presencial y 50 servidores públicos en línea.

Los temas desarrollados en la capacitación fueron: “Los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México”; “La vinculación entre los Centros de Convivencia Familiar”, “Los órganos jurisdiccionales y los Centros de Mediación y Conciliación”, “Talleres psicoeducativos”, “Campañas de acompañamientos” y los programas de los Centros de Convivencia Familiar.￼

Para el tema “Los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México” se hizo referencia a la estructura orgánica de los Centros de Convivencia Familiar del Estado de México, su funcionamiento, la forma en que se estructuran los equipos internos de trabajo, los actuales tipos de convivencia, la manera en que se desarrolla la supervisión, enfatizando la importancia de sus informes, así como la forma colaborativa de trabajo con juezas y jueces, en relación no solo a los temas directos de cada convivencia, sino también a su retroalimentación, los programas de actividades y la supervisión mensual que se realiza.

En relación con los talleres psicoeducativos, son procesos de habilitación de recursos emocionales que se brindan en el Centro a través de especialistas, a las y los ascendientes en conflicto, así como a sus descendientes que sufren los efectos del problema de pareja, a través de la utilización de técnicas psicoterapéuticas que pretenden favorecer el proceso de separación, evitando con ello procesos de revictimización, de manipulación parental o maternal y de violencia de género en cualquiera de sus direcciones y modalidades.

Actualmente, se cuenta con 17 talleres para adultos, así como siete talleres para niñas, niños y adolescentes. Algunos de los títulos de los talleres son: no separamos como mamá y papá, seguimos siendo una familia; habilidades parentales; crianza compartida; el duelo; el perdón; hoy es un buen día para amarnos; comunicación asertiva y afectiva.

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Los talleres psicoeducativos se compartirán en la modalidad en línea con el Poder Judicial de San Luis Potosí, para beneficiar a familias en procesos judiciales a través de sus órganos jurisdiccionales, así como a los usuarios de los Centros de Convivencia Familiar y los Centros de Mediación y Conciliación a través del micrositio de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México.

Dentro de este proceso de vinculación entre instituciones, también se compartirán las campañas de acompañamiento, las cuales son un conjunto de actividades que se realizarán en los Centros, con la finalidad de brindar a las personas usuarias temas de beneficio para sí mismos y su núcleo familiar, buscando acompañarlos en el proceso judicial que viven de una forma propositiva y empática, en pro del bienestar de las niñas, niños o adolescentes. Las actividades de estas campañas se compartirán de forma semanal con los usuarios de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial de San Luis Potosí.

En la exposición realizada, se explicaron todos los programas esenciales de la labor de los Centros de Convivencia Familiar, como son: el programa de integración y vinculación familiar, que es un proceso de fortalecimiento de los lazos paterno-filiales que se brinda en el Centro a través de especialistas, a las y los ascendientes, así como a las y los descendientes que viven el proceso de separación. Esto se realiza a través de la utilización de técnicas psicoterapéuticas que pretenden favorecer la vinculación e integración familiar, en pro de la convivencia respetuosa, tolerante, empática y libre, para lograr con ello una armonía en el núcleo familiar que favorezca el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, se presentó la figura del Coordinador de Parentalidad, que es un especialista adscrito a los Centros de Convivencia Familiar, cuya función es atender todo cuanto afecte las relaciones filiales. Esta labor se desarrolla a través de los procesos de alta conflictividad centrados en infancia y adolescencia, con la finalidad de implementar un plan de parentalidad que permita resolver oportunamente las diferencias. El ámbito de aplicación de esta figura será itinerante en los órganos jurisdiccionales, conforme lo determine la jueza o el juez, y fijo en los Centros de Convivencia.

El compartir como instituciones las buenas prácticas que han apoyado el tema de familia e infancia refleja la preocupación que existe en los Poderes Judiciales por la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, con la calidad y calidez humana que ha distinguido a nuestra institución, y con la prospectiva del impacto positivo en los núcleos familiares y, en consecuencia, en la construcción de una mejor sociedad.

Juezas de México de la Red Internacional de Jueces de La Haya

Blanca Colmenares Sánchez[34]

María de Lourdes Hernández Garduño[35]

Resumen: Las problemáticas de familia son una de las áreas que requieren mayor atención social, así como de políticas públicas, jurídicas y psicológicas, al conformar el punto de partida del ser humano. Ante estos escenarios, las infancias, enfocadas en una mira de protección reforzada, cuentan con diferentes convenios de índole universal y regional a los que el Estado mexicano se ha adherido, que buscan consolidar acuerdos y visiones conjuntas sobre cómo entender el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes ante conflictos de familia. En ese sentido, la Conferencia de La Haya, como organización intergubernamental cuyo propósito es trabajar para la unificación progresiva de las reglas de Derecho internacional privado, ha conformado una Red de Jueces Especialistas en Protección Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, que actúan como canales de comunicación y enlace con sus autoridades centrales, así como con otros jueces dentro de su propia jurisdicción y con jueces de otros Estados contratantes. Esta red busca una mejor aplicación de los Convenios suscritos, desarrollando reuniones de trabajo cuya materia de análisis primordialmente guarda relación con cuestiones vinculadas al marco jurídico convencional para la protección internacional de la niñez.

Palabras clave: Conferencia de La Haya, Jueces de Red, internacional, restitución, niñas, niños, adolescentes, Código Nacional.

Abstract: Family problems are one of the areas that should receive greater social, public policy, legal and psychological attention, as they form the starting point of the human being. Given these scenarios, children, with a view to reinforced protection, have different universal and regional agreements of which the Mexican state is a part, which seek to consolidate agreements and joint visions of how to understand the best interests of all boys, girls and adolescents, in the face of family conflicts. In this sense, the Hague Conference, as an intergovernmental organization whose purpose is to work for the progressive unification of the rules of private international law, has formed a Network of Judges specializing in the international protection of children and adolescents, who act as channels of communication and liaison with its central authorities, with other judges within its own jurisdiction and with judges from other contracting States, aimed at a better application of the signed Conventions, thus developing work meetings whose subject of analysis is primarily related to issues related to the frame conventional legal system for the international protection of children.

Key words: the hague conference, network judges, international, restitution, girls, boys, adolescents, national code￼

Desarrollo: La intensificación en las relaciones humanas y la globalización exponen situaciones en la vida de las personas que van más allá de las fronteras y traspasan sistemas jurídicos específicos. Por ello, estos sistemas se adaptan a nuevos retos día con día. Uno de los elementos sociales de mayor interés es la familia, entendida, de acuerdo al preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños.

Las problemáticas de familia presentan retos que deben ser atendidos en la ruta psicosocial, así como a través de políticas públicas y jurídicas, al conformar el punto de partida del ser humano.

Ante estos retos, las infancias, en su máxima protección, cuentan con diferentes convenios que buscan consolidar acuerdos y visiones conjuntas sobre cómo entender el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes ante conflictos de familia.

Estos acuerdos son de índole universal y regional. En el ámbito universal, y en tal ruta, se encuentra la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (CHDIP) o HCCH (por Hague Conference on Private International Law – Conférence de La Haye de droit international privé), que es una organización intergubernamental cuyo propósito es «trabajar para la unificación progresiva de las reglas de Derecho internacional privado» (art. 1 del Estatuto).

La CHDIP tiene la finalidad de facilitar las comunicaciones y la cooperación entre jueces a nivel internacional y ayudar a asegurar la operación efectiva de los Convenios en materia de protección internacional de la niñez, en los cuales las comunicaciones judiciales directas juegan un papel preponderante. En tal escenario, se cuenta con una Red Internacional de Jueces.

Al respecto, resulta importante destacar que los miembros que integran la Red permiten la comunicación y enlace con sus autoridades centrales, con otros jueces dentro de su propio país y con sus homólogos de otros Estados contratantes, con relación a cuestiones vinculadas al marco jurídico convencional para la protección internacional de la niñez.

Así, el Estado mexicano, comprometido con el alto grado de seguridad jurídica y previsibilidad necesarios para prosperar, es miembro de la HCCH desde 1986 y parte contratante de seis convenios de la Conferencia de La Haya (HCCH, 2024).

En esa línea de intención y trabajo, el 24 de enero del presente, se realizó una reunión virtual para definir la nueva integración de la Red Internacional de Jueces, misma que tuvo lugar entre la Dirección General de Protección Consular y Planeación Consular de México, las autoridades judiciales interesadas en participar en la Red Internacional y la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Así, una vez efectuados diversos trámites apoyados por las unidades administrativas, entre ellas la Consultoría Jurídica y la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, se procedió a seleccionar y confirmar la designación como juez de enlace de México para la citada Red Internacional ante el Buró Permanente de la CHDIP a jueces y magistrados mexicanos, entre ellos, las exponentes Magistrada Blanca Colmenares Sánchez, Presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco, y la Jueza Ma. Lourdes Hernández Garduño, especializada en procedimientos de adopción y restitución internacional de menores. Esto dio como resultado la incorporación de ambas a la lista de jueces y juezas que actualmente han sido designados por sus países para participar en este cuerpo judicial especializado en protección internacional de la niñez.

En virtud de esta designación, como parte de los trabajos a efectuar, se requirió, derivado de la octava reunión de la Comisión Especial sobre el Funcionamiento Práctico del Convenio sobre Sustracción de Niños de 1980 y del Convenio sobre Protección de Niños de 1996, responder una encuesta sobre la aplicación de la Guía del art. 13(1)(b) del Convenio HCCH sobre Sustracción de Niños de 1980.

Al respecto, fue de gran relevancia compartir información sobre las acciones que se han tomado en nuestra jurisdicción para que los jueces competentes, al resolver casos de sustracción de niños, tengan conocimiento de la Guía de Buenas Prácticas del art. 13(1)(b) (en adelante la Guía), así como de las publicaciones de las obras La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México y su ampliación y actualización intitulada La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México, México (2020).

En tal virtud, tales textos han sido publicados por el Poder Judicial del Estado de México y el Centro de Investigaciones de la Escuela Judicial del Estado de México. Dichas obras se encuentran a disposición del público en general de forma gratuita a través de la página oficial de la Escuela Judicial de la entidad, lo cual permite una difusión importante sobre la aplicación de la Guía de estudio, y en especial hacia los jueces competentes para resolver casos de sustracción de niños.

Asimismo, en esta línea de trabajo, se desarrollaron reuniones interinstitucionales organizadas por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Órgano Nacional de México ante la HCCH, encabezadas por el Doctor Ignacio Goicoechea, Oficial Letrado de Enlace para América Latina de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), entre otros. En dichas reuniones, además, se realizó la presentación de los jueces mexicanos de la Red Internacional.

Durante estas reuniones, se efectuaron conversatorios de análisis de temas prioritarios en materia de Derecho Familiar Internacional, así como aspectos relativos a los Convenios de La Haya en materia de Cooperación Procesal Internacional, entre ellos:

1. Cobro Internacional de Alimentos

o  Proceso de vinculación de México al Convenio de La Haya de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia.

1. Sustracción Internacional de Menores

o  Mediación Familiar Internacional (Proceso de Malta). Movilidad humana y la Sustracción Internacional de Menores.

1. Adopciones Internacionales

o  Intersección entre el derecho a una familia y el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes.

o  Guía de adopciones internacionales. México como Estado de origen.

1. Protección Internacional de la Niñez

o  El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares frente al Convenio de La Haya de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

1. Filiación / Gestación por sustitución. Avance de los trabajos en la HCCH

o  Panorama jurídico en México de la gestación por sustitución.

1. Cooperación Procesal Internacional

o  Avances y experiencias de México en la aplicación de los Convenios sobre Notificaciones de 1965 y Pruebas de 1970.

o  La cooperación procesal internacional en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

1. Avances y experiencia de México respecto al funcionamiento práctico de la Convención sobre la Apostilla

o  Propuesta de homologación de la emisión de la Apostilla en México. Avances en la implementación de la Apostilla digital.

Así, uno de los avances importantes comentados en dichos trabajos en el Poder Judicial del Estado de México, en el juzgado de competencia concentrada, es la aplicación de medios alternativos de solución de controversias. Es importante destacar, sobre el particular, que desde la creación del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores y demás Especiales y no contenciosos relacionados con menores de edad, y Sumario de Conclusión de Patria Potestad, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se han presentado 39 solicitudes de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes.

De ellas, 19 han sido de infantes que tenían su domicilio habitual en el Estado de México y fueron trasladados o retenidos de forma ilícita en el extranjero. En consecuencia, este juzgado, en términos del artículo 2.364 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, hace llegar la solicitud a la Autoridad Central Mexicana, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de gestionar la restitución.

De los 20 casos que solicitan la restitución por conducto de la autoridad central de otro país al Estado Mexicano, 6 de ellos han concluido con convenio. Esto es posible debido a que el órgano jurisdiccional, como buena práctica y en términos del inciso C del artículo 7 del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, desde el auto admisorio establece a la mediación como una alternativa de solución al conflicto.

Así, se asigna a una mediadora, procurando su especialización. Con el convenio, cuando se logra, no solo se termina el proceso de restitución internacional, sino que las partes se dan la oportunidad de abrir el diálogo y llegar a acuerdos en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Es importante señalar que, si bien no todos los asuntos culminan en convenio, las sesiones de mediación permiten que el solicitante y el requerido logren mirar el proceso de manera diferente, abrir el diálogo y guardar respeto.

Asimismo, es importante puntualizar que, en algunos casos, las partes han logrado un convenio con el cual se pone fin al litigio de manera amigable, siendo los propios protagonistas quienes deciden cuál será el domicilio habitual del infante. Otros optan por la restitución voluntaria, y algunos más plantean oposición a la restitución, llevando a cabo todo el trámite del procedimiento. En estos casos, los asuntos culminan con una sentencia que, en la mayoría de los casos, resuelve favorablemente la restitución, y en los menos, determina que los menores permanezcan en territorio mexiquense. En todo momento, se vela por su interés superior y la protección de sus derechos, incluyendo el de convivencia con el progenitor no custodio.

Es de gran relevancia en estos medios de solución de conflictos la implementación, en su momento, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023. Dicho código proporciona una plataforma necesaria de bases estructurales nacionales para el tratamiento de los casos, lo cual garantiza una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes, y potencializa el principio de tutela judicial efectiva a través del acceso a la justicia, así como el principio de seguridad jurídica.

Así, en materia de derecho de familia, y específicamente en la restitución internacional de las infancias, este código introduce estructuras de derechos humanos y convenciones, así como trabajos de soft law, creando la base que permitirá brindar seguridad jurídica a nivel nacional sobre la aplicación de las normas procesales en un tema de gran sensibilidad. Esto es relevante, ya que es precisamente en estas etapas de formación donde las niñas, niños y adolescentes definen su identidad y su conformación presente y futura.

Por ello, resulta importante que en el artículo 1154 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se establezca:

Artículo 1154. Toda solicitud de restitución de una niña, niño o adolescente, proveniente del extranjero, se presentará por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual la remitirá a la o las autoridades jurisdiccionales competentes.

Si en los Estados Unidos Mexicanos se encuentra la niña, niño o el adolescente, deberán adoptarse todas las medidas adecuadas tendientes a obtener la restitución voluntaria de la niña, niño o adolescente.

Las autoridades nacionales podrán propiciar una solución amigable, a través de la mediación. De no lograrse ésta en una única sesión, deberán iniciar un procedimiento jurisdiccional o administrativo con el objeto de conseguir la restitución, o en su caso, permitir la regulación o ejercicio efectivo del derecho de visita.

Con este artículo, se abre la posibilidad de la mediación en normas domésticas de los procesos de restitución internacional, lo cual, visto desde la infancia, resulta benéfico, ya que evita retornos forzados.

En este orden de ideas, y en la continuidad de nuestra labor, contribuiremos con responsabilidad a una protección reforzada para las infancias, con una mirada sensible de respeto a las familias, a la ley y a la humanidad.

Conclusión

El ser nombradas juezas de enlace implica un compromiso con la finalidad de la Red de Jueces. Esto es, mantener una comunicación constante con la Autoridad Central, con los compañeros jueces tanto de la Red como de los integrantes del Poder Judicial, para lograr la mejor aplicación del Convenio, mejorando de esta manera la pronta resolución de los casos sobre restitución internacional.

Esto resulta de suma importancia en la labor que se desempeña en el día a día, ya que el trámite y resolución de estos procesos especiales implica decidir sobre si procede o no el retorno de una niña, niño o adolescente a su domicilio habitual. Un evento que se presenta cada día con mayor frecuencia, atento a la globalización que actualmente se vive, y a la problemática que enfrentan los progenitores, quienes pueden terminar una relación de pareja, pero no una relación de paternidad.

Por ello, el tener una comunicación constante con los integrantes de la Red de Jueces de La Haya, así como la capacitación en la materia, resulta trascendente en la resolución de los procesos, permitiendo compartir experiencias y buscar las mejores soluciones en beneficio de la niñez, en específico dentro del Poder Judicial del Estado de México.

La mirada de Europa hacia el trabajo que efectuamos en la localidad, como Texcoco, Toluca, y en general en el Estado de México, abona en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes y de los grupos de familia, donde se busca garantizar su protección más amplia.

Esto también conlleva mayor seguridad jurídica para las personas que, por alguna razón, al ser extranjeras vienen a nuestro país o cuando los mexicanos salen a otro país, ya que se garantiza que, en una situación de sustracción o retención de niños, existen instrumentos activados por autoridades mexicanas en beneficio del interés superior de la niñez. Trabajos que van más allá de las fronteras y representan una preocupación global. Por ello, estas líneas de acción son prioritarias y están encaminadas hacia una mejor sociedad.

Así, compartir las experiencias, los conocimientos y las capacitaciones tiene como resultado beneficios directos para los procesos, lo cual se convierte en un beneficio para la niñez. Por ello, se considera que la Red de Jueces de La Haya es de vital importancia, y pertenecer a ella constituye un honor y un compromiso.

Como lo ha sostenido Nelson Mandela: «No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños».

Referencias

Colmenares, B. La Restitución Internacional de Menores como Crisis Familiar y su Tratamiento en México. Poder Judicial del Estado de México, 2018. http://www.pjedomex.gob.mx/ejem/cid/restitucion_internacional/restitucion_interna cional_menores.pdf. Consultado el 20 de noviembre de 2024.

Colmenares, B. La Restitución Internacional de Menores como Crisis Familiar y su Tratamiento en México, Segunda edición corregida y ampliada. Poder Judicial del Estado de México, 2020. http://www.pjedomex.gob.mx/ejem/cid/rest_inter_aumentada.pdf. Consultado el 20 de noviembre de 2024.

La Haya. Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH). https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full- text/?cid=24#_ftn1. Consultado el 20 de noviembre de 2024.

La Haya. Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. https://assets.hcch.net/docs/97867a48-a528-4b5f-8c30-e63849448ae7.pdf. Consultado el 20 de noviembre de 2024.

La Haya. Miembros de la HCCH. https://www.hcch.net/es/states/hcch-members/details1/?sid=54. Consultado el 20 de noviembre de 2024.

México. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Diario Oficial de la Federación, 7 de junio de 2023. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPCF.pdf. Consultado el 20 de noviembre de 2024.

ONU. Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf. Consultado el 20 de noviembre de 2024.

Letras y Familia

¿Qué justicia queremos? de José Ramón Cossío Díaz

Felipe Landeros Herrera[36]

En este libro, José Ramón Cossío Díaz publica cuarenta y nueve artículos que realizó desde 1997 hasta el 2024. En ellos, expone su pensamiento jurídico antes, durante y con posterioridad al cargo que desempeñó como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un pensamiento con el que se puede estar de acuerdo o no, pero que siempre resulta provocador e invita a la reflexión constante.

En un lenguaje claro, el Ministro en Retiro aborda su postura sobre temas relevantes y de sumo interés en el contexto actual, entre los que se destacan: Estado de Derecho; las relaciones entre el Derecho y la Justicia; Democracia; Tribunales Constitucionales; División de Poderes; Educación Jurídica; Derechos Humanos; Amparo; Debido Proceso; Grupos Vulnerables (mujeres, adolescentes, indígenas); Igualdad; Impunidad; Reformas a la Constitución; Consulta Popular; Desaparición de Personas; Transparencia; Tecnologías y Justicia; Matrimonios Igualitarios; Seguridad y Violencia, entre otros.

Para él, “se debe generar más y mejor Derecho a partir de su legitimidad democrática”. En ello coincide Ricardo Sodi, quien comparte la idea de que “el Derecho debe repensarse”. Por tanto, lo interesante de este texto consiste en analizar qué tipo de Derecho se tiene, se quiere y se necesita en nuestro país y cómo, de manera integral, más allá de la elección de las personas juzgadoras, se puede y debe mejorar la Procuración e Impartición de Justicia.

Propone dotar a todo el sistema jurídico mexicano de leyes claras, con criterios de eficiencia y eficacia, a fin de mejorar su aceptabilidad. Asumir responsabilidades—cualquiera que sea su naturaleza—por la imprecisión normativa o su interpretación deficiente resulta inaceptable. La precisión normativa debe posibilitar el cobro de adeudos, fortalecer los sistemas de registro, reducir los índices delictivos, disminuir la cifra negra de delitos, limitar la discrecionalidad de las autoridades y combatir la impunidad.

Para tales efectos, el autor invita al diálogo público, a la voluntad política y a la reflexión de todos los actores, públicos y privados.

Es de la idea de que debe retomarse un decidido interés por las resoluciones judiciales y elaborarse reseñas especializadas sobre las mismas. También considera necesario analizar el papel del Amparo, las Controversias Constitucionales y las Acciones de Inconstitucionalidad, clarificando sus límites y alcances. Sugiere precisar de mejor manera las relaciones entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que el Texto Supremo establece.￼

Al autor le preocupa la privatización de la seguridad pública, el aumento de la violencia y las formas en que deben combatirse. Exhorta a mejorar la eficacia de las funciones del Estado como un elemento más de pacificación nacional.

Insta a mejorar el Acceso a la Justicia y, por así decirlo, “humanizarlo,” mayormente en el caso de los grupos vulnerables. Propone analizar la necesidad de crear jueces de instrucción y jueces especializados en delitos específicos; verificar en qué casos puede acontecer la uniinstancialidad; clarificar los procesos; maximizar la presunción de inocencia; capacitar de mejor forma a los operadores de justicia; mejorar las capacidades investigativas del Estado; e innovar y emplear las tecnologías en la solución de conflictos.

Un tema central a discutir es quién debe erigirse como máximo intérprete de la Constitución.

En suma, es un texto que obliga al diálogo, a la voluntad y a la reflexión, con el propósito de construir un mejor sistema normativo donde las mejoras ciudadanas se consoliden a partir de la maximización de la dignidad humana, al mismo tiempo que se fortalezcan todas y cada una de las instituciones.

Con motivo de esta lectura, Cossío Díaz propone ser cada vez más propositivos y, en ese sentido, afirma que se debe castigar con severidad la mentira en sede judicial; fortalecer el federalismo judicial, tanto en términos presupuestales como competenciales; fortalecer las instituciones y mejorar la comunicación y coordinación entre ellas. Asimismo, insta a revisar y mejorar los ordenamientos punitivos y sancionadores para hacerlos claros y precisos.

En definitiva, la pregunta sigue abierta: ¿Qué justicia queremos?

Hacia el pantano, de Gerardo Laveaga

Esperanza Elizabeth Barcenas Ramírez[37]

En un México que navega en el siglo XXI, entre las olas de una peculiar transformación política con espuma de anticorrupción, emerge, como una ballena hambrienta y ansiosa de ser vista, una novela con posibilidades de generar en el ser humano la convicción de construir un puente que nos salve de ir “hacia el pantano.”

Se trata de Hacia el pantano, producto de la imaginación y la vasta experiencia en el campo jurídico de un gran novelista y abogado, a quien, por cierto, respeto y admiro mucho: Gerardo Laveaga. Criado en una familia católica cuyos valores, estimo, arraigó a su alma, reflejándolos en cada una de las tres historias que componen dicha novela, Laveaga advierte en riesgo valores fundamentales como la moral, la justicia y el bien común.

En esta novela convergen tres historias con personajes peculiares que parecen reales (y no sé hasta qué punto podrían serlo), situados en un panorama un tanto desalentador, donde no logran hacer compatibles sus ideales perfectamente morales con la crudeza de la realidad: su día a día, su hora tras hora.

La primera historia es la de un joven, comprometido con devolver al mundo lo que le sería útil: la sabiduría y el conocimiento, de la mejor forma posible. ¿Cómo? A través de la docencia. Tiene la encomienda de concluir un semestre, y su deseo es conducirse con principios éticos como estandartes. Sin embargo, la vida le tenía preparado un plan distinto. Rodrigo se llama nuestro protagonista, quien se enamora perdidamente de una peculiar y sensual alumna pelirroja con un nombre inspirado en una ópera basada en cuentos de hadas: Rusalka.

A pesar de su lucha por no sucumbir ni dejar de lado todo lo bueno que ha defendido en su vida profesional e incluso personal, el amor lo lleva poco a poco a contradecirse. Rodrigo se encuentra atrapado, no en una red de amor o enredado con una mujer, sino en una red de contradicciones, culminando con un final avasallador para él y su historia de amor.

La segunda historia tiene como protagonista a Arturo Pereda, quien, tras haber sido un impecable Magistrado, acepta ser Fiscal Federal. Sin embargo, se enfrenta a lo que, en mi opinión, es la más cruda y terrible prueba: una realidad que supera los principios literarios.

Esto es porque el mismo sistema le exige tomar decisiones que no son propias de él ni afines a lo que era su entonces estructura ética. Debe cumplir órdenes como no enjuiciar a ciertas personas, hacerse de la vista gorda para encubrir a otros y obedecer a un Secretario de Justicia corrupto cuya finalidad es extorsionar a empresarios. Todo ello lo lleva a determinar que su visión del sistema no era lo que él creía.￼

La tercera historia es la de un luchador social (Bollo), de Iguala, que, tras haber conducido su actividad política con fuertes ideales basados en la justicia, la equidad, la solidaridad y el amor al pueblo, acaba derrumbándose tras convertirse en un ladrón de casas, impulsado por la exigencia del sistema y, por ende, su necesidad de sobrevivir en él.

Es quizá el personaje menos poderoso y también al que peor le va. A pesar de su entereza y entusiasmo por no sucumbir ante un sistema corrupto, termina siendo consumido por éste y convirtiéndose en un delincuente.

Nuestro novelista plasma, en cerca de 300 páginas, la forma en que estos tres protagonistas quedan destruidos por sus organizaciones, pero particularmente por la realidad descarnada en la que todos convergen.

Entre los personajes encontramos:

1. Un docente soñador

1. Un ex magistrado utópico

1. Una presidenta de la Suprema Corte de Justicia totalmente dependiente del Secretario de Justicia

1. Una presidenta de la República

1. Un Secretario de Justicia malévolo y corrupto

1. Un luchador social con necesidad

La novela nos invita a contraponer los hechos imaginarios con la realidad, y a reflexionar sobre cómo la literatura, a veces, nos enseña a entender mejor la vida que el mejor de los trabajos de tesis o métodos científicos del mundo. Aunque podamos construir modelos de justicia maravillosos e idear miles de formas para abonar a esa construcción, la realidad es otra.

Por ejemplo, en esta era donde todos los políticos (reales o no) dicen respetar la justicia, a los jueces y su independencia, vemos finalmente que nadie lo hace. Nos encontramos en un sistema en el que podríamos incluso identificarnos con los personajes ya citados.

Recomiendo ampliamente su lectura por ser accesible para todos. El lenguaje y la forma en que convergen las historias y personajes son maravillosos y para nada técnicos. Es un testimonio literario del hoy, un retrato de la simulación y del choque de las personas frente a los ideales que, en algún momento, buscaron defender.

Este libro sacará lo mejor e incluso lo peor de cada uno de nosotros y removerá fibras muy delgadas, quizás olvidadas, relacionadas con nuestros principios y sentimientos de justicia y ética.

Poema Mazahua

¿Jeko ngeje nu b’ezhe?

Francisco Antonio León Cuervo[38]

Na nugï, na nzhodï a xo’ñi,

na jmi ko jñï’ï,

na nzhó’ó ko k’uich’i,

na chjeñe,

na ngizhó, ko ngextjo ri tjr’eñe.

Na ï’ï, na jueña,

na ué’é ko dya jyorï;

z’akjanu na mapjï maxi na nratjr’eñe.

Yo nrajme ko otjo dya ra jyombeñe.

Nu zana ko ri nguarï,

yo seje ko ri juéns’i,

nu nrajma ko eñe kja b’at’ï,

maxi yo t’eje ko kjob’ï nu naje’e,

yo ngomï ko potï nu jens’e,

nu jyarï ko chézhi a xïtrjïnï,

nu pa’a ñe nu xomï

ko mi ngot’ï kja nrenxe in bepji.

Yo nzhëjnë ko ri dyotï, yo nguaa ko ri te’e,

nu dyezana ko dya sëjë, nu dyot’ïzana ko ri nguarï,

nu sé’é zana ko mi sé’é maxi nu nanyo mbezana.

Nu tojo ko ri mëjë in ngoo,

maxi nu zó’ójña ko ri opjï,

yo jómï ko mëjë in nzhó’ó,

maxi yo jmicha ko neme kja in ñii,

nu sibi ko chïtr’ï

maxi nu nreje ko ndis’i.

Nrenxe ko na jo’o ñe nrenxe ko na s’oo,

nu mi mëjë ko sëjë kja nrenxe in mbeñe

ñeje nu mëjë ko pési texe in tiji,

nu t’ïjï ko t’ebe ma ra nanga na xorï

mbara ra jñanra na zó’ójens’e

ko ri xipi zakï.

¿Qué es la vida?

Una caída, un paso adelante,

un rostro que respira,

una mirada que parpadea,

una sonrisa,

una lagrima, casi sin muecas.

Una queja, un lamento,

un llanto que no calla;

como un grito o una carcajada.

Los momentos que no olvidare jamás.

La luna que mengua,

las estrellas que resplandecen,

el viento que juega en el valle,

o las montañas que cubren el horizonte,

las nubes que ensombrecen el cielo,

el sol que se oculta tras ellas,

el día y la noche

que me atraparon en su rutina constante.

Las flores que marchitan, los tallos que crecen,

el verano que no llega, el otoño que caduca,

el invierno congelante o la nueva primavera.

La música que mece mis oídos,

o el poema que ahora escribo,

los paisajes que asombran mis ojos,

o las imágenes que perturban mi mente,

el fuego que calcina

o el agua que alivia.

Todo lo positivo y todo lo negativo,

la emoción arrebatadora en cada recuerdo

y la alegría deliberada en cada sueño,

la propia esperanza de poder despertar mañana

rodeado de este universo maravilloso

al que yo llamo vida.

[1] Juez del Poder Judicial del Estado de México adscrito al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, México.

[2] En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

[3] Artículo 4 Obligaciones generales.

[4] Jueza del Poder Judicial del Estado de México adscrita al Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México.

[5] Naciones Unidas, "Una población que envejece exige más pensiones y más salud," Noticias ONU, 12 de enero de 2023, https://news.un.org/es/story/2023/01/1517857.

[6] Betilde Muñoz-Pogossian, "La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: Un Aporte de las Américas al Mundo" (presentación en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2015), https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/betilde_munoz_pogossian.pdf.

[7] Consejo Estatal de Población del Estado de México (COESPO), Perfil sociodemográfico de la población adulta mayor, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (Toluca: Gobierno del Estado de México, 2021), https://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/Perfil%20sociodemografico%20de%20la%20poblacion%20adulta%20mayor.pdf.

[8] Manual MSD. "Introducción al envejecimiento." Última revisión en abril de 2024. Consultado el 28 de octubre de 2024. https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-de-las-personas-de-edad-avanzada/envejecimiento-del-organismo/introducci%C3%B3n-al-envejecimiento.

[9] "Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores." Diario Oficial de la Federación, 20 de abril de 2023. Consultado el 28 de octubre de 2024. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5686151&fecha=20/04/2023.

∗ Juez del Poder Judicial del Estado de México adscrito al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Berriozábal.

[11] Congreso de la Ciudad de México, Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de la función judicial, Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 18 de julio de 2024.

[12] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, "La CDHCM reconoce los avances de la Constitución Política de la Ciudad de México y llama a atender los pendientes existentes," Boletín 19/2021, 5 de febrero de 2021, https://cdhcm.org.mx/2021/02/la-cdhcm-reconoce-los-avances-de-la-constitucion-politica-de-la-ciudad-de-mexico-y-llama-a-atender-los-pendientes-existentes/.

[13] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación general No. 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal, 2004, https://www.refworld.org/es/leg/coment/cedaw/2004/es/87588, consultado el 31 de octubre de 2024.

[14] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 1a./J. 22/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, p. 836.

[15] Cfr. Rodríguez Zamora, María Guadalupe, “La justicia restaurativa: fundamento sociológico, psicológico y pedagógico para su operatividad”, en Revista Tla-Melaua, Año 9, N.º 39, octubre 2015/marzo 2016, pp. 174-177; y Balderas Mateos, Itzel Vanessa, “Justicia restaurativa en materia familiar. Un análisis de la jurisprudencia del Poder Judicial del Estado de México desde una perspectiva de transcomplejidad”, en Revista Ex legibus, No. 9, octubre 2018, p. 85.

[16] Balderas Mateos, op. cit., pp. 100-101.

[17] John Rawls, Teoría de la Justicia, 2ª ed. (México: Fondo de Cultura Económica, 2006), p. 287.

[18] Ángela Patricia Rincón Murcia, "¿Justicia redistributiva vs derechos humanos?" Revista Franciscanum, no. 146 (mayo-agosto 2007): 121-122.

[19] Benvenuto Donati, "¿Qué es la justicia social?" Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Tomo X, no. 39-40 (julio-diciembre 1948): 3.

[20] Luciano Barp Fontana, "La justicia como virtud social," Revista Derechos Humanos México, Año 2, no. 8 (2008): 55.

[21] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis I.14o.T. J/3 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, p. 2478; y Tesis (IV Región) 2o.13 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, febrero de 2018, Tomo III, p. 1524.

[22] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis I.3o.C. J/4 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, p. 1829.

[23] Cfr. Poder Judicial del Estado de Yucatán, “Los formalismos procedimentales. A propósito de una reforma constitucional”, en Folleto informativo Prudens, no. 19 (abril-junio 2017): p. 1; y Maldonado Sánchez, Adán, “La tutela judicial efectiva: las formalidades esenciales del procedimiento y los formalismos”, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, no. 45 (enero-junio 2018): p. 84.

[24] Idem.

[25] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis I.3o.C. J/4 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, p. 1829.

[26] Maldonado Sánchez, op. cit., p. 86.

[27] Luz Rangel, “¿Formalidades no esenciales? Reforma de justicia que plantea Batres podría ser violatoria de derechos, alertan especialistas”, Animal Político, https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/formalidades-no-esenciales-reforma-batres (consulta 31 de octubre de 2024).

∗ Magistrado del Poder Judicial del Estado de México integrante de la Primera Sala Familiar de Texcoco y Presidente de Sala de Asuntos Indígenas.

[29] Jueza del Poder Judicial del Estado de México adscrita al Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Lerma.

∗ Juez del Poder Judicial del Estado de México, adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de

Chalco, con residencia en Valle de Chalco Solidaridad.

∗ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, diciembre de 2024.

∗ Jueza del Poder Judicial del Estado de México adscrita al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec.

[33] Directora General del Centro de convivencias familiar del Poder Judicial del Estado de México.

[34] Magistrada integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco.

[35] Jueza del Poder Judicial del Estado de México, adscrita al Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción, Restitución Internacional de Menores y demás Especiales y no Contenciosos relacionados con Menores de Edad, así como al Sumario de Conclusión de Patria Potestad del Estado de México.

∗ Magistrado del Poder Judicial del Estado de México, integrante del Tercer Tribunal de Alzada en materia Penal de Ecatepec de Morelos.

∗ Jueza del Poder Judicial del Estado de México, adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de

Chalco, con residencia en Ixtapaluca.

∗ Xochitlajtoli. Poesía contemporánea en lenguas originarias de México. Selección y prólogo de Martín Tonalmeyotl. Círculo de poesía. México, 2019. Pp 144-145.

1. Capítulo 1